En España, las denominadas Agencias privadas de investigación venían funcionando, legalmente autorizadas, desde la Orden de 17 de enero de 1931 que las encuadró en el Sindicato Nacional de Actividades Diversas; pero, a raíz del IV Congreso Mundial de Detectives Privados que se celebró en Madrid, del 3 al 5 de octubre de 1970, se hizo patente que aquella regulación de los años 30 había quedado desfasada y, por ese motivo, se aprobó una nueva Orden de 7 de marzo de 1972 por la que se reguló la organización y funcionamiento de estas Agencias. En aquel momento, a los detectives ya se les exigía: el título de bachiller superior o equivalente; un certificado de carecer de antecedentes penales; una declaración jurada de no estar sujeto a interdicción civil, ni ser quebrado o concursado no rehabilitado; y un certificado de aptitud expedido por la Agrupación Nacional Sindical de Centros de Investigación Privada. Asimismo, el Art. 7 de esta disposición excluía del ejercicio profesional de detective a los funcionarios en activo de los Cuerpos General de Policía, Policía Armada y Guardia Civil.

Policías infiltrados, periodistas de investigación, detectives privados. Todos buscan el mismo fin, descubrir irregularidades, pero para ello tienen que introducirse en la esfera privada de los investigados, su derecho a la intimidad, honor e imagen. Una difícil situación en la que ponderan estos derechos con otros como son el derecho a informar o el deber de perseguir delitos. Y si vamos un poquito más lejos, derechos que tienen que ser violados para proteger otros derechos de entidad superior.