Hasta el del deporte está contaminado. Pero no solo los deportistas por motivo de dopaje ni amaños de partidos de fútbol, sino también los grandes gerifaltes internacionales vinculados a este medio, esos que manejan los hilos de los inmensos ingresos por publicidad, retransmisiones televisivas y demás conceptos relacionados con este mundo, en prin...

De nuevo nos encontramos con una condena zurcida a la medida. Sí, a la medida del exjuez Francisco J. de Urquía, exmagistrado de Marbella, por dejar en libertad a tres imputados del caso Hidalgo por la módica suma de 60.000 euracos del ala.

En este caso flagrante de soborno, el Tribunal le imputó los cargos de prevaricación y cohecho, ajustándolos a los dos años exactos para evitar su entrada en prisión, dado que en caso de que la condena hubiera o hubiese sobrepasado dichos años, su ingreso hubiera sido inevitable.

En 1993, el Estado australiano de Nueva Gales del Sur aprobó la Whistleblowers Protection Act (Ley de Protección de Delatores) con el objetivo de facilitar la divulgación, en interés de la sociedad, de la mala administración y el despilfarro en el sector público así como de las conductas corruptas o ilegales en general, proporcionando los medios para llevar a cabo estas revelaciones y dar adecuada protección a los soplones. Estas personas, cuando ofrecen información de interés público a las autoridades, no incurren en responsabilidad civil o penal por hacerlo (inmunidad) y las administraciones públicas tienen la obligación de mantener la confidencialidad sobre la identidad del informante; una obligación que se aplicará aunque cualquier otra norma del ordenamiento jurídico establezca lo contrario.

Una interpretación del caso Urdangarin

La imputación del marido de la Infanta, D. Iñaki de Urdangarín, permite abrir muchos debates, no solo jurídicos, sino también político-sociales (y, por qué no, éticos).

Una conducta, “inapropiada” cuando menos, ha abierto el debate sobre la monarquía en España. Resulta irónico que un vasco afincado en Cataluña pueda haber sido el “causante” del mayor daño a la  monarquía en nuestro país, siempre tan cuestionada desde ámbitos nacionalistas, quizá por lo que significa de unidad, como respetada por todos (incluidos éstos) por su brillante papel en la consolidación de la democracia.

 Viernes, 1 de julio de 2011. La Guardia Civil sale a la caza de los vampiros. Los máximos dirigentes de la SGAE, con su Presidente Teddy Bautista a la cabeza, son detenidos por orden del Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Técnicamente se les imputan delitos de apropiación indebida y administración desleal por el presunto desvío de fondos de la SGAE a otra sociedad paralela y filial de ésta y, desde esta otra sociedad a una empresa privada vinculada a los detenidos. Se ha publicado que el desfalco puede alcanzar los 500 millones de euros. Un burdo choriceo.

Es evidente que todos los países del mundo encierran en su interior corrupción y delincuencia. Los estados totalitarios no lo reconocen, mientras que los democráticos lo asumen e intentan reducirlo hasta niveles razonables; sin embargo las cotas en México han dejado de ser tolerables.

Este artículo surge catapultado por la lectura que mi amigo Carlos Pérez Vaquero publicara en este mismo Web el miércoles 16 de febrero de 2011 y que se titula “El lunfardo: dialecto de ladrones”. Además, tiene una base filológica porque, en efecto, cada círculo social tiene su propio argot. Los habitantes de cada nación tienen su propio lenguaje. Más aún, por regiones, la jerigonza no es igual incluso en un mismo país. México es un ejemplo de ello.

Page 2 of 2