Viernes, 1 de julio de 2011. La Guardia Civil sale a la caza de los vampiros. Los máximos dirigentes de la SGAE, con su Presidente Teddy Bautista a la cabeza, son detenidos por orden del Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Técnicamente se les imputan delitos de apropiación indebida y administración desleal por el presunto desvío de fondos de la SGAE a otra sociedad paralela y filial de ésta y, desde esta otra sociedad a una empresa privada vinculada a los detenidos. Se ha publicado que el desfalco puede alcanzar los 500 millones de euros. Un burdo choriceo.

Vaya por delante algo fundamental: ante todo, se debe respetar la presunción de inocencia sobre los directivos detenidos de la SGAE. Por mucho que las prácticas de esta organización hayan rozado la desverguenza una y otra vez, no se debe caer en la tentación del juicio precoz al que ya nos hemos acostumbrado cada vez que nos topamos con un proceso judicial en el que hay implicado algún alto cargo ya sea del ámbito público o privado.

Es evidente que la propiedad intelectual es un bien jurídico que debe ser protegido por el Código Penal. La defensa del proceso creativo en las artes y en las ciencias así como la ulterior difusión de sus resultados resulta fundamental para el progreso cultural y económico de la sociedad.