Sin lugar a dudas, una de las más importantes reformas introducidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, es la introducción del art. 31 bis que viene a implantar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha incorporación viene a asimilar nuestra legislación penal en este ámbito con los países de nuestro entorno. La doctrina científica venía reclamando desde hace ya varios años que las personas jurídicas fuesen responsables penales habida cuenta, de una parte, de las nuevas formas de criminalidad organizada y, de otra, de la necesidad de eficaz protrección de determinados bienes jurídicos denominados "colectivos" o "difusos" (v.g. medio ambiente, seguridad en el trabajo, salud pública, orden socioeconómico, etc.).