El trabajo de los detectives privados, en boca de todos

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Policías infiltrados, periodistas de investigación, detectives privados. Todos buscan el mismo fin, descubrir irregularidades, pero para ello tienen que introducirse en la esfera privada de los investigados, su derecho a la intimidad, honor e imagen. Una difícil situación en la que ponderan estos derechos con otros como son el derecho a informar o el deber de perseguir delitos. Y si vamos un poquito más lejos, derechos que tienen que ser violados para proteger otros derechos de entidad superior.

Últimamente, los detectives privados, o más bien sus actuaciones, han salido a la luz pública por el controvertido tema de las escuchas catalanas. Se habla de espionaje político en Cataluña. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas relacionadas con la agencia de detectives de Método 3, por delito de revelación de secretos. La agencia grabó un encuentro entre la líder del PP catalán y la expareja de un hijo de Jordi Pujol.

No es justo cuestionar ahora el excelente trabajo que realizan los detectives privados, ya que tienen el respaldo legal en la Ley de Seguridad Privada “Los Detectives Privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán de obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. Y de la investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal”. Por poner dos ejemplos: los detectives privados son “medio de prueba, de habitual utilización ya, y en ocasiones, instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al trabajador (STS 6 de Noviembre de 1990). La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera legal que un organismo público contrate detectives privados para investigar a sus funcionarios durante su horario laboral, ya que ello no vulnera el derecho a la intimidad” (STS 12 de Mayo de 1998).

Pero ¿quien está autorizado para grabar una conversación? Las grabaciones sólo son legales cuando las realiza uno de los participantes en la conversación, pero no si son para hacerlas públicas. Y mucho ojo, hay mayor permisividad con las imágenes que con el audio. Legalmente, los detectives solamente pueden grabar conversaciones en las que ellos mismos participen y el uso está limitado. Para autorizar la instalación de micrófonos y la intervención de teléfonos tiene que autorizarlo un juez, en esto tienen mucha experiencia los policías, que pueden mandar al garete una compleja investigación por no solicitar un simple permiso judicial.

El Tribunal Constitucional lo deja bien claro cuando establece, que "quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución Española (el secreto de las comunicaciones, salvo por resolución judicial). Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado." El Código Penal  castiga a quien para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.

Para controlar el trabajo de los detectives privados, en todas las agencias hay un ‘libro de registro’, controlado por la policía, y en el que constan los datos de quien pide la investigación, del investigado y el asunto que se investiga.

En el ámbito periodístico, y más concretamente el periodismo de investigación, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el uso de cámaras ocultas en los reportajes informativos. Se podría decir que el periodismo de investigación es totalmente legítimo, pero siempre y cuando con su ejercicio no se vulneren derechos fundamentales, lo que se produce cuando se utiliza la cámara oculta como medio de obtener la información objeto del reportaje. Es en este momento cuando el derecho a la información queda relegado a un segundo plano, ya que es el derecho a la intimidad y a la propia imagen del individuo que está siendo grabado el que prevalece. De ser esto así poco sentido tienen las investigaciones realizadas por periodistas que se juegan la vida por ayudar a la JUSTICIA, esa señora inteligente y atractiva que poco se deja ver.

Recuerden el escándalo del Watergate del año 1972 en EEUU y que le costó la dimisión al presidente Richard Nixon, por tener un sistema de grabación de cintas magnéticas en sus oficinas y haber grabado una gran cantidad de conversaciones dentro de la Casa Blanca. Sea como fuere, cuando te metes en la vida de los demás terminas teniendo problemas.

LAOPINION 28-02-2013

Last modified on Sunday, 03 March 2013 09:49
Juan Antonio Carreras Espallardo

Policía Local, criminólogo y periodista.

http://www.carris.es/cv/

 

Representante en España de la Academia Mexicana de Investigadores Forenses 

 

Asesor de Seguridad y Tráfico del diario La Opinión de Murcia 

 

Webmaster del área de servicios de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 'FAPE'

 

Administrador de Criminología y criminalística.

www.carris.es