El Sábado 1 de Diciembre, el jugador profesional de fútbol americano Jovan Belcher (25) disparó a su novia, Kasandra Perkins (22), causándole la muerte. Después, ese mismo día, Belcher fue a encontrarse con su entrenador y con el gerente del equipo (los Chiefs de Kansas City). Les agradeció la oportunidad que le dieron en el mundo del deporte, y enfrente de varias personas, se quitó la vida con la misma pistola que había usado contra su pareja.

La tragedia se hizo eco a través de los medios de comunicación. La gerencia de los Chiefs de Kansas City y los directivos de la Liga Nacional de Fútbol (NFL) decidieron proseguir con la agenda predeterminada; el equipo de Belcher jugaba un partido el Domingo... y lo jugó.

Una de las directrices políticas de la Unión Europea consiste en trabajar en favor de la abolición universal de la pena de muerte; de hecho, afortunadamente, ya se encuentra abolida en los 27 Estados miembros y, salvo en el caso de Bielorrusia, ningún otro país del Viejo Continente practica la pena capital en la actualidad; aun así, en el mundo todavía se ejecuta en muchas naciones retencionistas, desde los Estados Unidos hasta China pasando por Japón, India, Arabia Saudí o Irán.

En el marco del Derecho Comunitario Europeo, el 1 de diciembre de 2009 entró en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales que, al proclamar el derecho a la vida (Art. 2) también afirma que Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado; asimismo,el Art. 19.2 sobre la protección en caso de devolución, expulsión y extradición establece que Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes; de esta forma se incorporó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la llamada protección subsidiaria.

El considerando 13º de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002, sobre la orden de detención europea (la euroorden) y los procedimientos de entrega entre Estados miembros, siguió esa misma línea al afirmar que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

En la práctica, esto significa que cuando el 25 de junio de 2003, la abolicionista Unión Europea firmó un acuerdo de extradición con los retencionistas Estados Unidos, Bruselas estableció unas condiciones especiales a Wáshington a la hora de enviar a un detenido al otro lado del Atlántico. El Art. 13 de este acuerdo se dedica, específicamente, a la pena capital, regulando que: Cuando el delito por el que se solicita la extradición pueda ser castigado con la pena de muerte, según la legislación del Estado requirente, y no sea punible con la pena de muerte con arreglo a la legislación del Estado requerido, éste podrá conceder la extradición con la condición de que no se imponga la pena de muerte a la persona en cuestión, o, si por motivos de procedimiento el Estado requirente no puede cumplir dicha condición, con la condición de que, de imponerse la pena de muerte, la misma no se ejecutará. Si el Estado requirente acepta la extradición con las condiciones establecidas en el presente artículo, dicho Estado cumplirá con las condiciones. Si el Estado requirente no acepta las condiciones, se podrá denegar la solicitud de extradición. Un nuevo acuerdo de asistencia judicial en materia penal suscrito por la Unión Europea y los Estados Unidos el 23 de octubre de 2009 (la Decisión 2009/820/PESC) reafirmó esa idea: los 27 Estados europeos concederán la extradición si el Gobierno norteamericano no le impone la pena de muerte al sujeto extraditado o, en caso de que se le imponga, que no sea ejecutado.

En cuanto a la relación con el resto de países del mundo, la Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril, estableció los requisitos para reconocer el estatuto de refugiado o depersona que necesita otro tipo de protección internacional a los nacionales de terceros países o apátridas. Se les concederá la protección subsidiaria y no serán extraditados si concurre alguno de estos tres daños graves: a) la condena a la pena de muerte o su ejecución; b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen; o c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.

En Estados Unidos y Canadá se llama John o Jane Doe a los cuerpos de hombres y mujeres, respectivamente, que llegan sin identificar al depósito de cadáveres. Esta denominación tiene un origen muy antiguo que se remonta a la Inglaterra del rey Eduardo III –a mediados del siglo XIV– donde, legalmente, ya se daba este nombre a los restos de personas anónimas. Por similitud, en el ámbito hispanohablante se suele decir Juan Nadie, Juan Pérez o Fulano de Tal; así como las iniciales NN, del latín nomen nescio (nombre desconocido) y que, en castellano se suelen traducir como ningún nombre y, en inglés, no name.

El 13 de enero de 1996, la niña Amber Hagerman –de tan solo 9 años– estaba montando en bici con su hermano Ricky cuando el niño decidió regresar a casa de sus abuelos, en Árlington (Texas, EEUU), donde la familia estaba pasando el fin de semana, mientras ella se alejó un par de manzanas más para jugar en el aparcamiento de un almacén abandonado; fue allí donde un hombre la secuestró, metiéndola en su furgoneta. Cuatro días más tarde, el cadáver de la pequeña apareció degollado en una acequia y, a pesar de las investigaciones que llevaron a cabo la policía local y el FBI, nunca se pudo encontrar a su asesino.

La detención del antiguo director y gerente del Fondo Monetario Internacional –el político francés Dominique Strauss-Kahn– hace unos días, acusado de varios delitos de agresión sexual, se convirtió en un espectáculo mediático que puso de nuevo en primera plana el llamado perp walk; una práctica muy habitual en los Estados Unidos donde la policía, literalmente, pasea (walk, en inglés) al presunto autor responsable de los hechos (perpretrator) ante la prensa y los medios de comunicación, con una puesta en escena de cadenas y grilletes, digna de la peor justicia penal que en Europa comenzó a desaparecer a finales del siglo XVIII, cuando se juzgaba y hacía ejecutar lo juzgado en el interior de las prisiones, sin recurrir a truculentos escarnios personales a pie de calle.