La corrupción, se traduce en algunos casos en privilegios para aquellos internos que tienen poder económico. Dichos privilegios no se limitan a la introducción de objetos prohibidos, existen centros como el de Readaptación Social de Chetumal (MNPT, 2010 f: 9) en el que algunas celdas están acondicionadas con suelos y techos de madera, canchas de futbol, gimnasios, jardines exclusivos, televisores, refrigeradores, reproductores de música, grandes peceras, entre otros.
La corrupción se inmiscuye en cada uno de los rincones del sistema penitenciario, llegando a afectar, no sólo a los internos sino también a los familiares de los mismos. Es de dominio popular que los familiares tienen que pagar por visitar a sus familiares, introducir comida y ropa y hasta por tener un espacio para poder estar con sus familiares durante la visita, etc. Con relación a lo anterior, según la encuesta mencionada, uno de los motivos por lo que los familiares de los internos no los visitan se debe a que los familiares tienen que pagar cuotas extra oficiales al personal penitenciario (Azaola y Bergman, 2009: 53).
Aproximadamente cada visita paga $127.71[1] con el objeto de: poder ingresar al Centro; para que la autoridad llame a su familiar y lo pueda visitar; para introducir ropa y comida, entre otros. De los internos encuestados, el 44.51% afirmó que sus familias pagan para ser llamados cuando llega su visita; el 60.58% por pasar comida y el 60.12% por introducir ropa. Puede sonar extraño que los familiares ingresen a prisión artículos que el sistema está obligado a proveer a los reos, sin embargo, en México y en general en América Latina, la familia no sólo es quien cumple con dicha obligación, sino que tienen que pagar para poder hacerlo.
Victor Payá, en su libro Vida y Muerte en la Cárcel, denomina a lo anterior como: “la lógica del pesito…la revisión a los familiares que ingresan al penal los días de visita se encuentra al arbitrio exclusivo de los custodios, quienes deciden prácticamente todo: el color de la ropa, el tipo de zapatos, frutas, verduras, y todo tipo de productos permitidos. Debido a los niveles de discrecionalidad con que operan, al margen de las reglamentaciones es casi imposible poder ingresar sin dar dinero.” (Payá, 2006: 152)
Aunque, las vejaciones que sufren los familiares de los internos, no son motivo del presente artículo, se invita a hacer una reflexión, en el sentido de que, los internos que se encuentran en prisión en México, proceden generalmente de familias de bajos recursos. Son éstas familias las que pagan cuotas extra-oficiales, causadas por la corrupción y además tienen que cubrir necesidades de los reos (comida, ropa, enseres de limpieza personal) que el Estado, aunque está obligado a hacerlo, por su incapacidad no lo hace.
[1] Tomando en cuenta que el salario mínimo de un mexicano, es alrededor de $60 pesos, dicha cantidad constituiría dos salarios mínimos.