Son muchos los ciudadanos chilenos que residen en el exterior y que en estos días hacen sentir con más fuerza su voz para participar del proceso eleccionario que se desarrolla en nuestro país. Muchos de ellos llevan años lidiando con un Estado sordo que les impide ilegítimamente ejercer sus derechos políticos, a pesar de que la Constitución Política de la República se los reconoce. Otros se suman con el vigor y la fuerza del que emprende una lucha justa de la cual no puede salir sino victoriosos. Ninguno se representa siquiera abandonar, por el contrario, todos unidos generan una fuerza común potente que convoca y compromete a quienes hemos escuchado sus voces, reconociendo en la justicia de su petición una evidente fisura democrática del sistema político, que debemos corregir.
La situación desbordada de la violencia originada por diversos factores, que “justifican” homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos y demás como habitualidad esencial del homo criminis, hace cada vez más difícil que los ciudadanos ejerzan su derechos elementales, ya no es posible transitar libremente por los senderos asfalticos, ni tampoco se puede introducir en determinadas regiones sin ser abordado inmediatamente por quienes, se han apropiado de tales tópicos, generando vacios en el Estado de Derecho.
Las consecuencias de la dejación del principio de legalidad en el Estado de Derecho
El entusiasmo y la simpatía manifestada hacia el Movimiento pacifista, denominado “15-M” le ha convertido en el Movimiento violento y delictivo del “15-J”. Este movimiento calificado como el de los “indignados” ha pasado de ocupar de forma ilegal plazas públicas a impedir el normal funcionamiento de un Parlamento Autonómico incurriendo en el diversos delitos tipificados en nuestro Código Penal.
