Institucionalización del poder, configuración del estado social victimizador y criminalidad

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A propósito de la historia argentina

El presente trabajo busca abordar el desarrollo histórico a través del cual se configura y articula el ejercicio del poder legal del Estado, su evolución desde la monarquía, el traspaso de la soberanía desde el soberano a la nación, la justificación del Estado de Derecho y las razones de Estado al servicio de la dominación, su evolución y la articulación de los derechos esenciales como fuente y límite a la soberanía, configurando su actual desarrollo (¿realidad o fantasía?) como Estado Servidor de la persona humana, al reconocer como fundamento los derechos esenciales, anteriores y superiores a al propio Estado. Para ello ilustraremos una penosa época de la historia Argentina, donde se utilizó el derecho como un mecanismo de control y clasificación, eminentemente excluyente de los derechos humanos esenciales, dando cuenta como la ley, por ser una construcción social, sino se adscribe a principios puede llegar a ser criminal e incorporando el concepto de justicia a la igualdad de todos ante la norma.

Más leyes, más penas, más policías, más jueces, más cárceles, significa más presos, pero no necesariamente menos delitos (Jeffery, C.P. 1978)

Las leyes callan de frente al poder y el Derecho se sume en el silencio ante las armas (T. Hobbes)

Antes del Estado y de la ley, no se conocía la diferencia jurídica entre lo justo y lo injusto (T. Hobbes)

Hoy la criminología, considera al control social desde una perspectiva sociopsicológica y dinámica, que pone de manifiesto la importancia del control, dotado de una considerable carga ideológica.

Esto se produce porque toda sociedad necesita de disciplina que asegure la coherencia interna de sus miembros, por lo que crea mecanismos que garantizan su conformidad a normas y pautas de conducta. En este concepto caen un conjunto de instituciones formales e informales, estrategias y sanciones sociales, que pretenden promover y garantizar el sometimiento. “Al fracasar las instancias informales, actúan las formales a través de sanciones estigmatizantes que singularizan el estatus de desviado, peligroso, delincuente, etc, mediante un cierto grado de formalización, es decir, previsibilidad, controlabilidad o vinculación a principios o criterios de conformidad o disconformidad. Es a través de esta formalización como se selecciona, delimita y estructuran las posibilidades de acción de las personas implicadas en el conflicto” 1, o sea, que al encontrarse incapaz la instancia informal de ejercer el control social eficazmente, aparece en escena el control social formal, con las múltiples consecuencias que ello conlleva.

Los teóricos de la corriente criminológica del labelling approach, destacan que el control social penal condiciona en buena medida el volumen y la estructura de la criminalidad, mediante su carácter selectivo y discriminatorio, que condiciona el predominio del estatus social como criterio por sobre los merecimientos objetivos del autor de la conducta, por otra parte también se le considera generadora de criminalidad, a través de la acción de los propios agentes de control social, los cuales no detectarían al infractor sino que crearían la infracción etiquetando al culpable, para concluir con la estigmatización del mismo, lo que desencadenaría una posible carrera criminal2.

Un sistema de control social, es una Institución, la cual es una empresa al servicio de una idea, organizada de tal forma que la idea, incorporada a la empresa, dispone de un poder y de una duración superior a la de los individuos para quienes actúa3. Hoy se articula en forma de una aparato denominado Estado, el cual es el resultado del la institucionalización del Poder, configurando e introduciéndolo dentro de una trama histórica, de la cual las construcciones teóricas lo han alejado frecuentemente. Como máxima expresión de la organización social, existe y se constituye a partir de un imaginario, que sólo nace cuando los hombres lo piensan como instrumento para explicar, justificar y utilizar el fenómeno del Poder4.

Por ello es que el Estado es una realidad inmaterial, dado que su propia razón de ser no exige, en ningún momento, su exteriorización. Su realidad reside en el espíritu del hombre que lo concibe y llena en él, en totalidad, su oficio sin haber tenido necesidad de servirse de una forma concreta cualquiera. La realidad del Estado reside en el espíritu del hombre que lo concibe y llena en él, es una creación del hombre que domestica y libera al Poder, es por ello que el hombre ha creado al Estado, para no obedecer a otro hombre y así se ha erigido un ídolo, un verdadero fetiche de poder imaginario, pero que es necesario controlar dado que aunque necesario es extremadamente peligroso5.

La palabra Estado viene a institucionalizar el poder, que en términos jurídico-político fue incorporada recién por Maquiavelo en su obra El Príncipe. Con anterioridad fueron diversas sus implicaciones, ya Platón6 había estimado que la estructura del Estado y del individuo eran iguales, y con ello analizaba las partes y funciones del Estado y a continuación las del ser humano, establece el principio de Estado anterior al hombre, porque, además, la estructura de aquél, aún siendo igual a la de éste, es más objetiva o evidente . Aristóteles7 por su parte, es más enfático y declara que el Estado existe por naturaleza, y por tanto, es anterior al hombre, no por ser éste autosuficiente y solo podrá serlo respecto al todo, en cuando a su relación con las demás partes, complementando su expresión al decir, que quien no convive con los demás en una comunidad puede ser sólo una bestia o un dios. Por su parte, como ejemplo expresivo del absolutismo Luis XIV rey de Francia8 se atreve a decir la ya conocida frase "El Estado soy yo"

Es en este devenir conceptual, donde la civilización occidental, ha debido enfrentar durante los cuatro últimos siglos, uno de los grandes paradigmas o modelos que se imponen para el desarrollo de la ciencia y la técnica. Siguiendo la concepción filosófica de Thomas Kuhn, el primero de esos paradigmas fue el del Estado, fundado en la doctrina del pacto político-social, con Thomas Hobbes9, cuya estructura política se caracterizaba por un Estado descrito en el Leviathan (1651), nacido como depositario único de la dominación humana en general y no sólo política; que ejerciendo ese poder o soberanía incontrarrestable, asumía la capacidad, exclusiva y excluyente, de hacer y nunca recibir la ley, así en el pacto social se enajenan todos los derechos para que el Estado, a través de la dominación legal, fuese garantía de la igualdad y libertad en el ejercicio, cierto o seguro, de ellos10

La visión de Hobbes del estado de naturaleza anterior a la organización social, es la "guerra de todos contra todos", la vida en ese estado es solitaria, pobre, brutal y breve, así el derecho de naturaleza, se configura como la libertad de utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la auto conservación. Cuando el hombre se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de naturaleza11, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de los otros. De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual cada hombre renuncia o transfiere su derecho a un poder absoluto que le garantice el estado de paz, a través del contrato social.

Siguiendo a un gran autor en materia de Ciencias Políticas, Fernando Vallespín, podemos decir que “Charles Montesquieu (1689-1755), criticó severamente los abusos de la Iglesia y del Estado. Al estudiar las instituciones y costumbres francesas de la época, dio formas precisas a la teoría del gobierno democrático parlamentario con la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como mecanismo de control recíproco entre los mismos, acabando teóricamente con la concentración del poder en una misma persona y los consecuentes abusos y atropellos, que históricamente había producido el irrestricto poder del monarca en contra de los seres humanos”12. Es decir, que de alguna manera, ya se podía entrever en Montesquieu una idea de democratización del poder y del ejercicio del mismo, a través de instancias formales.

Continuamos con el mencionado autor. “De igual forma Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), denunció vigorosamente las injusticias y miserias resultantes de la desigualdad social de su época, propugnó la idea de una sociedad basada en igualdad absoluta, en la que cada miembro, a la par que se somete a las decisiones del colectivo, es al mismo tiempo parte del pueblo soberano, cuya voluntad general constituye la Ley. Estas ideas de Rousseau favorecieron a la elaboración del concepto de los derechos humanos al plantear la necesidad de la existencia de una igualdad entre los hombres, quienes deben someter su voluntad individual a la voluntad del colectivo, con el objeto de alcanzar el bienestar para todos”13. Este autor, Rosseau, a diferencia de Montesquieu en este punto, hace alusión a la necesidad de legislar el ejercicio del poder de una manera más igualitaria y equitativa para todos los ciudadanos.

Ahora bien, frente a Hobbes, John Locke subrayó los derechos naturales del individuo frente a la autoridad del Estado14. “Su apelación a la libertad, a la igualdad y a la defensa de la propiedad privada, así como la doctrina de la separación de poderes del Estado que Charles-Louis de Montesquieu expuso en El espíritu de las leyes (1748), ejercitaron un influjo determinante sobre los acontecimientos políticos que desembocaron en la Declaración de Independencia estadounidense (1776) y en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano (1789) francesa. En el mismo periodo, en relación con las reflexiones del escocés David Hume, el filósofo alemán Immanuel Kant alumbró una distinción más estricta entre la esfera ética y la esfera del derecho, haciendo una clara diferencia entre una ley que obliga sólo interiormente y otra que contempla las acciones externas del individuo”15.

Es así como las primeras Constituciones europeas y de América fueron, sólo instrumentos de Gobierno; los jueces se limitaban al rol que les fijó Montesquieu16, es decir, conformarse como seres inanimados que modulaban las palabras de la ley; el control de los gobernantes quedaba radicado en las asambleas parlamentarias; el legislador establecía la casación para que los tribunales supremos custodiaran la interpretación y aplicación, tasada o segura, de los mandatos legislativos; y los ciudadanos carecían de garantías, sobre todo para ejercerlas en contra del legislador y de los funcionarios administrativos17.

Mientras el pacto social y la ley tuvieron forma y sustancia democráticas, el paradigma abrió el surco a progresos ostensibles en el gobierno nacional de las comunidades políticas. Lamentablemente, por múltiples hechos históricamente establecidos, ocurrió el vaciamiento de la democracia representativa y de la ley, como producto de los órganos gobernativos. Desde entonces, sobrevinieron décadas o al menos largos años, de dictaduras y totalitarismos, siempre vanamente apuntalados en la legalidad formal resultante de esa concepción legiferante y positivista del Estado, dando incluso muchas veces pie a las mayores atrocidades respaldadas en razones de Estado y en función del principio de legalidad, dado que se dictaban leyes contrarias a todos los principios fundamentales de la persona humana, debiendo la ley ser aceptada y cumplida por el hombre, quien nuevamente se ve sometido de manera absoluta, ahora a la norma jurídica . Pese a ello tal realidad es propia de un Estado de Derecho desde tan reducido y pobre punto de vista. Las tragedias se multiplicaron, fueron resonantes por su oprobio, pero muchos callaron las causas y secuelas ostensibles en el siglo XX, producto de la construcción sólo estatalista del ordenamiento normativo, olvidando que el centro es la persona y no la ley.

Producto de ello, en nuestra época, la llamada postmodernidad18, ha planteado, como lugar común, la crisis del Estado y de la ley, con el carácter de rasgos matrices del proceso que vivimos que no significa, sin embargo, propugnar la supresión de tal forma política y de la legislación como instrumento de configuración de la convivencia legítima.

Por el contrario, “el Estado y el ejercicio del poder, se debe supeditar a la persona humana, es decir, la revalorización de la persona humana, de su dignidad y derechos inalienables; premisa capital de la cual fluye la nueva legitimidad que debe singularizar al Derecho en la democracia”19. De ese modo que ya no se requiere la intermediación de la ley para que las disposiciones constitucionales pasen del libro a la vida. Herbert Krügger20 lo plantea en la aseveración siguiente: “si por siglos el ejercicio de los derechos fundamentales fue posible en la medida que lo permitía la ley, hoy sólo vale la ley en la medida que respeta a los derechos esenciales”.

Pese a la unanimidad de lo descrito, hoy aún no existe un criterio uniforme en relación al concepto de los derechos humanos esenciales y al origen de su desarrollo histórico. El iusnaturalismo constituye una de estas posiciones, y la misma sostiene que “los derechos humanos corresponden al hombre desde su nacimiento y están integrados por todas aquellas garantías que necesita el ser humano para desarrollarse en la vida social como persona, esto es, ser dotado de racionalidad y de sentido”21, para disfrutar de una vida digna, que permita la satisfacción de las necesidades esenciales. Según esta postura los derechos de los seres humanos son superiores y anteriores a la actuación del Estado, lo que significa que no es necesaria una normativa jurídica, para la existencia de los mismos, y el Estado tampoco puede eliminarlos mediante la imposición de normas, por lo que el Estado sólo reconoce lo que es inmanente al ser humano.

El otro criterio relevante es el denominado positivismo jurídico, el cual se fundamenta en que las normas jurídicas deben explicarse por si solas, sin buscar elementos que estén fuera de ellas, por tanto los derechos humanos son el producto de la acción normativa del Estado y sólo pueden ser reclamados cuando han sido consagrados en dichas normas. Los autores del presente trabajo se adscriben al punto de vista filosófico, es decir, el valor sería el fin perseguido por la norma, de tal forma que los valores como norma, tienen una historia reciente, pero el sistema de valores en que se basan tienen su origen en la antigüedad.

Así es como la democracia, se articula en la forma de gobierno, responsable de garantizar el bien común de todos, a través del ejercicio del poder del Estado, pero del poder visible no de aquel oculto y encubierto. La publicidad en el ejercicio del poder “debe ser la regla y el secreto la excepción, así como todas las decisiones y en general, los actos de los gobernantes deben ser considerados por el pueblo soberano. Para Kant la necesidad de la visibilidad del poder no es sólo política sino que también moral, dado que las acciones referentes a los derechos de otros hombres, cuyas máximas no son susceptibles de publicidad, deben ser siempre consideradas como injustas, dado que de ser públicas provocaría tal reacción que harían imposible su realización”22. Como vemos, en contraposición a los autores mencionados, aquí ya entran en juego en la racionalización del poder, no sólo las instancias formales de control social, sino también los sujetos que se ven de alguna manera afectados (no en sentido peyorativo) a ellas.

El poder del Estado deriva del ejercicio de la soberanía, “definición conceptualizada por primer vez por Jean Bodin, en el año 1536, en su obra Los seis libros de la República, donde identifica al soberano con el monarca, el rey, siendo la soberanía de este absoluta, imprescriptible, inalienable e ilimitada. Mediante ese poder el monarca era capaz de dictar el derecho y hacerlo cumplir colectivamente, sin recibir jamás de otro monarca un ordenamiento jurídico. Así soberanía y derecho eran dos aspectos de un mismo fenómeno y de un titular único”23.

Dos siglos más tarde Jean Jacques Rousseau, tal como ya se señaló, sostuvo que el Rey no es el soberano, sino que cada uno de los individuos que forman la sociedad política. Cada persona (ciudadano) en cuanto miembro de un Estado, es realmente el soberano, por lo que la soberanía, y el ejercicio del poder por ende, tiene tantos titulares como ciudadanos, dividiéndose en partes iguales entre ellos, con lo cual surge la doctrina reflejada en la voluntad general, o de la mayoría de los ciudadanos denominada soberanía popular.

El tercer escalón fue impulsado por Abate Sieyés en su obra El Tercer Estado, donde la Revolución Francesa le permitió demostrar que la soberanía tampoco puede estar radicada en el pueblo, entendido este como la suma o adición de voluntades de los individuos, dado que es justamente eso lo que origina la pérdida de unidad y continuidad en los valores. Siendo necesario radicar la soberanía en otra entidad distinta a los individuos y superior a la adición de estos, correspondiéndole así a la Nación tal titularidad, al ser concebida como una unión de carácter y permanente de todos los miembros de una sociedad política, lo que incluye a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Pese al avance, después de la Primera Guerra Mundial, por la obra de Jaques Maritain, comenzó a surgir un nuevo concepto, configurándose el Pueblo como el soberano, entendiendo por tal al elemento humano del Estado, formado por personas de carne y hueso, situados históricamente con sus conflictos, consensos, historia y proyectos24.

De igual forma la evolución de la historia, conlleva entender el concepto de igualdad como un término que ha sido concebido a partir de su particular vivencia histórica y social, así existe un primer período donde se concibe la igualdad como un valor natural, con proyección en lo ideológico o sociológico. Tal es el carácter que presenta en la declaración de independencia norteamericana y en la Revolución Francesa. Esta concepción significa que todos los hombres sin distinción son iguales por naturaleza, por lo que nacen con una personalidad y dotados de cualidades esencialmente iguales, excluyendo diferencias sociológicas como son de índole nacional, sexual, racial, social, económica, cultural, religiosa, etc.25

El segundo período, corresponde a la incorporación de las bases y fundamentos del primer período en el ordenamiento jurídico propio del derecho positivo, abriéndose paso así la democracia moderna, sobre la base de la igualdad, expresada en el sufragio y en otros derechos políticos.

Y el tercer período, se denomina igualdad justa, desarrollado las últimas tres décadas del siglo pasado, donde el valor de la igualdad adquiere una dimensión valórica, ya no basta con la declamación expresa en un texto jurídico, sino que surgen preguntas que reclaman justicia frente a las desigualdades, con lo cual se vincula a un supravalor, el valor de la justicia como finalidad del derecho y de la ley, dado que puede haber igualdad pero esta ser muy injusta, por lo que la desigualdad no siempre va a ser injusta, ni la igualdad va a ser expresión de justicia, se requieren igualaciones o equiparaciones para disminuir las diferencias ilegítimas26.

Según el propio Santo Tomas de Aquino, “justicia es la actitud permanente o virtud de dar y restituir a cada cual lo que le pertenece” 27. Por ello es que no se trata de una sola dimensión, por lo que la justicia es un parámetro de opción y obrar legítimo, cuya concreción se manifiesta en casos particulares o singulares, sin diferencias irracionales, arbitrarias o infundadas. Esto sobre la base de la formula Aristotélica, según la cual hay que tratar de igual manera a los iguales y de manera diferente a quienes son desiguales, siempre de manera transparente y legítima.

 

A propósito de la historia Argentina

El inicio de la Criminología en la Argentina está íntimamente ligado al auge del positivismo como corriente de pensamiento preponderante entre los intelectuales de la época, junto a la gran ebullición de disciplinas sociales, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

El pensamiento positivista fue más que una mera corriente de pensamiento que se discutiera en claustros académicos y en reuniones de intelectuales, en cierta forma era la ideología dominante entre la elite que gobernaba al país. Tal es así que políticos de primer nivel como Sarmiento, Wilde, o el mismísimo Roca, se nutrían de escritos spencerianos y darwinianos, citándolos en sus discursos y aplicando sus ideas a las gestiones y políticas gubernamentales. Es decir, el positivismo era tanto una corriente de pensamiento como así también una estrategia que se aplicaba a la gubernamentalidad28.

No obstante, el arraigamiento del positivismo y su cenit en Argentina, ya era una corriente relativamente perimida en claustros europeos (de donde vino importado). Al inicio de su llegada, fue tomado y puesto al servicio, con astucia e inteligencia, de un proyecto de país y de concentración de poder, enarbolando la idea de “progreso” como meta y resumen de lo que englobaba, por ello no es casual, por ejemplo, que la bandera brasilera rece en su lema “Orden e Progresso” (Orden y Progreso).

Por aquel entonces, el modelo agroexportador económico de Argentina proyectaba la imagen de “Granero del mundo”, haciendo alusión a las vastas extensiones territoriales que generaban una producción agrícola – ganadera que en gran parte era exportada a países centrales.

La historia argentina en este punto ha sido poco crítica, dado que la producción y manejo del modelo agroexportador estaba concentrado en muy pocas manos (una oligarquía terrateniente que residía preferentemente en la ciudad de Buenos Aires y repartía su tiempo entre esta ciudad y otras europeas), y por otro lado, arrojó fuera y desestimó el proyecto de industrialización del país, siendo que los productos manufacturados era importados en su casi mayoría.

Es estos efectos, las divisas que entraban al país fruto de esta actividad económica, no eran redistribuidas en el conjunto de la población, sino que se amasaban en pocas manos. La economía en este aspecto, era un apéndice de la economía inglesa, que solicitaba estos productos, es decir, había un posicionamiento de sometimiento y de aceptación de ciertas políticas gubernamentales por parte de Argentina para con Inglaterra, ya que este país podía presionar amenazando con dejar de importar productos si no se cumplía con lo pedido. Un claro ejemplo de esto fue la Guerra de la Triple Alianza: Argentina, Brasil, y Uruguay (sin poder de decisión) aceptan atacar y destrozar Paraguay, presionados por Inglaterra, ya que Paraguay había emprendido un proceso de industrialización y modernización estatal, prescindiendo de la industria británica.

Dada esta estructura de país, hacia 1880 se genera en Buenos Aires un grupo de intelectuales y políticos, oriundos de familias patricias y poderosas que la historia bautizaría como “La Generación del ´80”. Esta agrupación se consolida en simultáneo con el país propiamente dicho, con la estabilización político – administrativa e institucional.

La Generación del ´80 representaba al sector más ilustrado de la oligarquía, poseedora de mucho protagonismo social y poder material, ligado a la dinámica real del poder y poseídos por la avidez de imitar las novedades y el modelo de progreso, eminentemente positivista proveniente de Europa.

 

Arquitectura del país.

Hacia esta época, las clases dominantes habían acumulado grandes riquezas, sin lograrse una redistribución entre la población, la cual se incrementó a raíz de las oleadas inmigratorias, iniciadas e incitadas por Sarmiento durante su gobierno, pese a que no fueron lo que Sarmiento pretendía: llegaron muchos obreros, jornaleros y demás personajes sin demasiada formación, con ideas políticas anarquistas o socialistas, duchos en protestas sociales y reivindicaciones de clasistas, que comenzaron a cambiar el escenario social y político argentino.

Estas corrientes migratorias cambiaron sustancialmente la arquitectura del país, generando una repentina superpoblación que tuvo que apiñarse en los famosos conventillos, que fueron su sitio fatal de residencia entre 1880 y 191029. A pesar de que algunas de esas casas poseían ya aguas corrientes y cloacas, el hacinamiento y la falta de higiene eran cada vez más alarmantes. Las autoridades se mostraban indiferentes ante el problema; las ordenanzas municipales sobre higiene no se cumplían y las epidemias que sucedieron a la de fiebre amarilla eran una constante amenaza de mortandad30.

Y sobre este punto comienzan a generarse una serie de problemas para la cómoda elite dominante argentina y para los gobernantes de turno. “El crecimiento repentino y multinacional de Buenos Aires tuvo tal magnitud, que en escasos cinco años tornó insuficientes a la red cloacal, la iluminación, el agua y las viviendas, saltando de 200.000 habitantes a 400.000. Casi la mitad de esa población no hablaba castellano, no tenía trabajo fijo ni inserción social o cultural. Este cambio abrupto de fisonomía y mentalidad, con el ingrediente provocativo de las ideas anarquistas y socialistas, que los obreros habían raído con sus escasos enseres, tomó desprevenido al gobierno, colocándolo ante el imperativo de dar respuestas tranquilizantes a los sectores conservadores, que veían a los extranjeros como elementos disolventes e incomprensibles, que afectaban su seguridad”31.

Este es un punto de inflexión para la materia que nos ocupa: al sentirse la elite dominante amenazada por esta gran masa de inmigrantes, debe tomar cartas en el asunto y generar, al decir de Foucault, un saber que brinde poder. La dualidad saber – poder nunca se vio tan explícita como en esta época, ya que era necesaria una fundamentación que sustentara las nuevas políticas en materia de seguridad e intervención criminológica que se llevarían adelante.

 

Elementos de intervención criminológica. Las leyes y las cárceles.

La constitución de un Estado de Derecho necesita primordialmente de elementos que contengan el libre albedrío de los habitantes (siguiendo a Kant) para que no se efectúen excesos en sus actos. Es la Ley la que oficia como reguladora de los comportamientos y de algún modo, se anticipa a lo que pueda llegar a suceder, elaborando sanciones para quienes no cumplan con lo prescripto.

Fue la acumulación de saber, y por lo tanto de poder, que dio origen a dos elementos jurídicos importantísimos para la época, que intentaron dar una solución a los “problemas” que se figuraba la elite dominante. La elaboración de estas dos leyes, la Ley de Residencia y la Ley de Defensa Social, estuvo íntimamente ligada a los claustros académicos e intelectuales, imbuidos dentro del positivismo criminológico. Por otro lado, también se operativizó toda una serie de dispositivos de poder subrepticios bajo la figura de establecimientos carcelarios. Tal es así, que entre 1882 y 1910 se crearon a lo largo del territorio nacional aproximadamente 20 cárceles, para controlar y manipular al elemento criminal en cuestión.

Es decir, que el Estado Argentino asumió su rol de monopolizador de la violencia, la sanción penal, y la distribución de castigos a través de elementos jurídicos y dispositivos de poder, que configuraron de otro modo las relaciones sociales. Era necesario fundamentar de algún modo la “correcta” distribución del castigo, y para tal fin se utilizaron los aportes de la criminología positivista de la época, sobre todo los de José Ingenieros, quien fuera director del Instituto de Criminología de la novel Penitenciaria Nacional. Siguiendo con esta idea, la criminología de José Ingenieros no era más que una fundamentación y despotricamiento científico del inmigrante, causante de los problemas de la aristocracia porteña.

Pero volviendo al marco social de la época, la oligarquía porteña no se planteaba que los reclamos de los obreros inmigrantes pudieran ser alguna manifestación clasista, sino que consideraba que los mismos eran fruto de un encuentro de nativos y extranjeros, movidos éstos últimos por el designio de disolver la sociedad a cuyo seno se habían acogido. No se quería reconocer que estos inmigrantes pudieran tener reclamos legítimos.

Dadas las huelgas y protestas sociales, iniciadas particularmente por obreros y trabajadores anarquistas, hacia noviembre de 1902, se paralizó el tráfico terrestre y portuario de Buenos Aires. A estos efectos, el 22 del mismo mes, se convocó a una sesión extraordinaria de emergencia en el Senado de la Nación para tratar un viejo proyecto de ley presentado en su momento por el Senador Miguel Cané. Este proyecto se había presentado hacia 1899, pero fue sancionado en la fecha explicitada más arriba, dando nacimiento a la Ley de Residencia.

Esta ley, si bien no cita explícitamente al elemento anarquista, iba dirigida contra el mismo. Con ésta, el Poder Ejecutivo se facultaba la “salida del territorio argentino de todos los extranjeros condenados o perseguidos por los tribunales extranjeros por haber cometido crímenes o delitos comunes, así como de los extranjeros cuya conducta comprometiera la seguridad nacional o perturbase el orden público. […] Desaparecían así todas las garantías que la Constitución venía ofreciendo a quien había decidido radicarse en el país”32. Es decir, que el Estado de este modo se guardaba de decidir, a través de sus dispositivos de control social, la permanencia o no de “extranjeros indeseables” que no fueran del agrado del mismo. Si se observa el texto frío de la ley, el mismo presenta ambigüedades, dando lugar a varias interpretaciones de lo que se puede llegar a considerar como “conducta que comprometa la seguridad nacional”. Esta interpretación, siempre corría por cuenta del Estado.

Lejos de calmar las protestas sociales anarquistas, el Estado argentino se vio en la necesidad de ser más radical en sus decisiones, dando lugar en 1910 a la creación de la Ley de Defensa Social. Esta ley, más dura y abarcadora que la anterior, se plantea de lleno la lucha contra los anarquistas. Su sanción fue acompañada por un operativo policial meramente represivo (aparte de la Policía de la Capital Federal – vieja nomenclatura de la actual Policía Federal – se crearon una serie de milicias ad hoc) contra órganos y dispositivos anarquistas, tales como los periódicos “La protesta” y “La vanguardia” (reducidos a cenizas por el fuego), como así también se procedió a encarcelar a dirigentes y militantes de esta causa, por el sólo hecho de ser militantes.

A estos efectos, se habían creado las cárceles mencionadas más arriba: creadas las cárceles se cuenta ya con lugares adecuados para aislar a quienes se consideraba perturbadores y peligrosos. Se necesitaba, sin embargo, cuestionarlos biológicamente; encontrar un determinismo de su condición que fundamentara su atavismo comportamental. La criminología clínica de José Ingenieros fue la encargada de llevar adelante esta tarea.

Vemos así en este panorama argentino de entre 1880 y 1910, que la producción de saber y el ejercicio del poder estaban directamente volcados hacia las clases bajas, más vulnerables del estrato social.

Este es un punto interesante, y con el que quisiéramos terminar nuestra exposición, ya que encontramos que existe una selectividad en el poder penal y criminológico, que apunta contra las napas sociales más vulnerables. A estos efectos, desarrollaremos algunas consideraciones de Zaffaroni sobre estas cuestiones.

 

Vulnerabilidad psico – social.

Siguiendo los desarrollos del Dr. Zaffaroni sobre estas cuestiones, abordaremos el concepto de vulnerabilidad y trataremos de articularlo a la estructura criminológica planteada en la época objeto del presente análisis.

Zaffaroni plantea que la agencia judicial encargada de administrar justicia, ejerce un poder, aunque limitado, el mismo que debe ser administrado racionalmente. Es este espacio el que le toca llenar de algún modo a la agencia judicial: reducir la violencia selectiva y arbitraria. Esto debe operativizarse en el caso por caso. Si bien en el derecho penal, existen criterios unificadores y universales, desde nuestra postura, se considera que cada caso debe analizarse como un universo en sí mismo de acuerdo a las coordenadas que detallaremos.

A saber, es en el momento en que una persona se ubica en una situación de vulnerabilidad que el sistema penal la selecciona e instrumenta su maquinaria de aplicación de la justicia. Siguiendo a Zaffaroni “es el grado de vulnerabilidad al sistema penal lo que decide la selección y no la comisión de un injusto, porque hay muchísimos más injustos penales iguales y peores que dejan indiferente al sistema penal.

“En la práctica, el grado de esfuerzo que una persona realiza para colocarse en situación de vulnerabilidad es directamente proporcional al aporte fortalecedor de la ilusión que del sistema penal “inventan” sus aparatos de propaganda y sus discursos de justificación. De este modo, cuanto mayor es el esfuerzo y el consiguiente aporte al fortalecimiento del sistema que la persona ha hecho para colocarse en situación de vulnerabilidad a su poder, menor es el espacio de que dispone la agencia judicial para obstaculizar una respuesta criminalizante o para disminuir la intensidad de la respuesta”33. Es decir, que a mayor vulnerabilidad, o esfuerzo por colocarse en una situación de vulnerabilidad, más difícil se le hace a la agencia judicial impedir una respuesta que devenga criminalizante, o sea, más difícil se le hace sancionar penalmente y condenar a una sentencia.

Pero ahondemos un poco más en la conceptualización de Zaffaroni respecto de este constructo, que nos echará luz para el análisis que nos convoca. “La situación de vulnerabilidad se ubica en un nivel de riesgo, pero éste, como todo peligro, importa una mayor probabilidad de selección [de ser captado por el sistema penal y obtener una respuesta criminalizante34]. La probabilidad siempre se calcula conforme a la observación plural o masiva de los fenómenos y allí se hace evidente que el sistema penal no opera simplemente como un flipper, sino como un “flipper cargado”35. Es decir, que el sistema penal, siguiendo esta postura, no opera como una suerte de amortiguador de las problemáticas devenidas del esfuerzo por colocarse en una situación de vulnerabilidad de algún sujeto, sino que contrario a esto, las rechaza enérgicamente, dando una respuesta criminalizante, tal vez, mayor a la que correspondería por caso.

Este punto es interesante, dado que criminológicamente en el inicio del siglo pasado eran los inmigrantes los que estaban en una situación de vulnerabilidad, fruto de elementos legales del poder imperante que los ubicó en dicho sitio. Es decir, que el esfuerzo por colocarse en una situación de vulnerabilidad estuvo dado desde el vamos por el Estado y los instrumentos jurídicos provistos. La agencia judicial, en este caso, operaba en complicidad con el poder económico y político, que veía en estos inmigrantes a sus enemigos.

A estos efectos, era necesario, de algún modo, instrumentar una maquinaria legal y jurídica para legitimar el ejercicio penal de selectividad que se operativizó sobre esta población. Y siguiendo más profundamente con esta cuestión, es claro que la producción teórico – práctica criminológica se enmarcó en esta corriente, generando un saber (y a la vez un poder) para dar un fundamento científico al forzamiento hacia una situación de vulnerabilidad en la que se vio inmersa la población en cuestión.

Y profundizando un poco más al respecto, podemos agregar que la selectividad del sistema penal no era nada arbitraria en dicha época, sino que estaba calculada la misma, haciendo, en este caso, al espacio que quedaba a la agencia judicial, una mera formalidad, puesto que ya explícitamente se apuntaba al vulnerable. Coincidimos en este punto con el Dr. Zaffaroni, cuando afirma que existen injustos que no son captados por la agencia judicial. En el período analizado, encontramos que de acuerdo a los instrumentos legales vigentes, se considerará tal o cual acción, injusto o no.

Esto demuestra tal y como fueron utilizadas por el derecho positivo, las doctrinas de origen francés y española, durante los inicios del siglo XX, construcción dogmática que registra la imagen del Estado casi omnipotente, derivada de la cual se encuentra sólo el derecho positivo, al no ser más que la expresión de soberanía de aquel. Por ello, la tarea de todos y no sólo de los legisladores es evaluar la realidad social a la luz del humanismo, subordinando el poder del Estado al valor de la dignidad de la persona y de los derechos esenciales que fluyen de ella, no es una utopía sino una meta real a alcanzar, que requiere entronizar la paz con libertad e igualdad, mediante la justicia en la búsqueda de la seguridad, pero que además requiere desterrar la violencia y la corrupción, la arbitrariedad y la discriminación, el odio, la envidia y el temor, que lejos de ser una fantasía apunta a vigorizar la seguridad jurídica de los derechos de la persona humana como presupuesto del desarrollo y del crecimiento de toda nación, integrando esfuerzos nacionales e internacional para alcanzar niveles de vida coherentes con la dignidad de las personas, sin los cuales se pierde la identidad, derivando, tarde o temprano, cíclicamente, en la oligarquía o en las dictaduras.

 

Bibliografía.

  • Bobbio, N.: Igualdad y Libertad, Ed. Paidos, Barcelona, 1993.

  • Bobbio, N.: El Futuro de la Democracia, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1999.

  • Burdeau, G., 1975, Tratado de ciencia Política, Tomo II, Publicaciones Enep Acatlan, México.

  • Cea Egaña, J.: Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, Ed. Universidad Católica de Chile, 1993.

  • Cea Egaña, J.: “Sobre el estado constitucional de derecho como paradigma jurídico”. Rev. derecho (Valdivia). [online]. jul. 2004, vol.16

  • Del Olmo, Rosa: Criminología Argentina, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995.

  • Elbert, Carlos Alberto: Manual básico de criminología, Eudeba, 2001, Bs As.

  • Foucault, M: Estética, ética y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1999.

  • Garcia Huidobro, J: Filosofía y Retórica del iusnaturalismo, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002

  • García Pablos de Molina, A., 1992, Manual de Criminología, Ed. Tirant lo Blanch Derecho, España.

  • Kant, E., Teoría y Praxis, Ed. Leviatán, Buenos Aires, 1984.

  • Klaus Von Beyne: Teoría Política del Siglo XX, Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1994.

  • Klaus Von Beyme: Teoría Política de la Postmodernidad (Madrid, Alianza Editorial, 1997).

  • Louis Joseph Favoreu y Francisco Rubio Llorente: El Bloque de Constitucionalita, Ed. Civitas, Madrid, 1996.

  • Marteau, Juan Félix, Las palabras del orden. Proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina (Buenos Aires: 1880-1930), Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2003.

  • Otto Bachof: Jueces y Constitución, Ed. Civitas, Madrid, 1994.

  • Suma Teológica. Cuestión 90, 1964, BAC, Madrid.

  • Tieghi, O., 1996, Tratado de Criminología, Ed. Universidad SRL, Buenos Aires.

  • Vallespin, Fernando (editor): Historia de la Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

  • Zaffaroni, E.: En busca de las penas perdidas. Ed. Temis, Bogotá, 1990.

 

Recursos de Internet.

1 García Pablos de Molina, A., 1992, Manual de Criminología, Ed. Tirant lo Blanch Derecho, España.

2 Tieghi, O., 1996, Tratado de Criminología, Ed. Universidad SRL, Buenos Aires.

3 Burdeau, G., 1975, Tratado de ciencia Política, Tomo II, Publicaciones Enep Acatlan, México.

4 Poder, lógica y aplicación en http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/Poder.pdf

5 Del Aguila, R. (Editor), 2001, Manual de Ciencia Política, Ed. Trotta. Madrid.

6 Virtud y el Estado según Platón, disponible en http://filosofia.idoneos.com/index.php/323575

7 Ética y Política Aristotélica disponible en http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/etica/etica.html

8 Francia y el Absolutismo, disponible en http://www.portalplanetasedna.com.ar/absolutismo.htm

9 De Cive o El Ciudadano (1642) y El Leviatán (1650)

10 Cea Egaña, J.L. Sobre el estado constitucional de derecho como paradigma jurídico. Rev. derecho (Valdivia). [online]. jul. 2004, vol.16 [citado 28 Agosto 2007], p.299-310. Disponible en la World Wide Web: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502004000100020&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-0950.

11 Thomas Hobbes y el problema de la condición natural del género humano disponible en http://www.selectividad.tv/S_FF_4_3_9_S_thomas_hobbes_y_el_problema_de_la_condicion_natural_del_genero_humano.html

12 Fernando Vallespin (editor), 1995, Historia de la Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid.

13 Idem

14 Klaus Von Beyne, 1994, Teoría Política del Siglo XX, Ed. Alianza Universidad. Madrid.

15 Idem

16 El Espíritu de las Leyes (1748).

17 Cea Egaña, J.L. Sobre el estado constitucional de derecho como paradigma jurídico. Rev. derecho (Valdivia). [online]. jul. 2004, vol.16

18 Klaus Von Beyme: Teoría Política de la Postmodernidad (Madrid, Alianza Editorial, 1997).

19 Louis Joseph Favoreu y Francisco Rubio Llorente, 1996, El Bloque de Constitucionalita, Ed. Civitas, Madrid.

20 Otto Bachof: Jueces y Constitución, 1994, Ed. Civitas, Madrid.

21 Garcia Huidobro, J, 2002, “Filosofía y Retórica del iusnaturalismo”, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002

22 Bobbio, N., 1999, El Futuro de la Democracia, Ed. Fondo de Cultura Económica, México.

23 Cea Egaña, J., 2001, Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, Ed. Universidad Católica de Chile.

24 Idem

25 Cea Egaña, J., 2001, Derecho Constitucional Chileno, Tomo II, Ed. Universidad Católica de Chile

26 Bobbio, N., 1993, Igualdad y Libertad, Ed. Paidos, Barcelona.

27 Suma Teológica. Cuestión 90, 1964, BAC, Madrid

28 Utilizamos este concepto tal cual lo plantea Michel Foucault en su texto homónimo, siendo que el sentido del mismo tiene que ver con el arte de gobernar tanto a población como al territorio, siguiendo en cierto modo las ideas políticas de Maquiavelo.

29 En los últimos años de la década del ´80 existían en Buenos Aires alrededor de 2000 conventillos habitados por casi 100.000 personas

30 Elbert, Carlos Alberto: Manual básico de criminología, Eudeba, 2001, Bs As.

31 Ídem.

32 Del Olmo, Rosa: Criminología Argentina, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995.

33 Zaffaroni, E.: En busca de las penas perdidas. Ed. Temis, Bogotá, 1990.

34 El agregado es nuestro.

35 Zaffaroni, ídem.

 

Last modified on Monday, 24 September 2012 17:04