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A las profesoras Emilia Girón y Merecedes Soto

La clemencia es un acto discrecional del Ejecutivo que no atiende a razones científicas ni preventivas del delito. De las numerosas críticas que recibe hemos visto, por ejemplo, cómo en ocasiones es utilizada para despenalizar por la puerta de atrás a personalidades vinculadas con el Estado, por pertenecer o haber pertenecido a sus órganos o por tener relación cercana con los posicionados en el poder. Que el indulto nos sirva para llevar a la libertad a alguien que se la pueda merecer, en aras de apostar por su rehabilitación, no significa que solo podamos contar con esa fórmula discrecional. Es el sistema penitenciario, el que basándose en el estudio científico e individualizado que le hace al recluso, decide progresarle de grado e incluso llevarlo a la libertad condicional si procede. Para ello se debieran articular mecanismos para potenciar el paso a una excarcelación antes de lo previsto, si se dan las condiciones extraordinarias por las que se pudiera dar un indulto. No hay que olvidar que nuestro ordenamiento prevé que la Junta de Tratamiento, en determinadas circunstancias, pueda clasificar directamente al reo en tercer grado, con lo que se encontraría en semilibertad de manera muy rápida.

¿Siempre que hay absolución debe de haber indemnización?

“Lo esencial es  invisible a los ojos”

EL INFORME CRIMINOLÓGICO COMO INFORME PERICIAL

La reciente aparición en España del título universitario de Criminología ha traído consigo la puesta en escena de unos nuevos profesionales, los criminólogos  cuyo cometido y funciones aún se están definiendo. Hasta su aparición los profesionales de otras ciencias suplían a este nuevo colectivo: juristas, trabajadores sociales o psicólogos todos ellos profesionales que realizaban y aún realizan muchas de las actividades propias de un criminólogo. Incluso hilando muy fino podríamos decir que muchos funcionarios penitenciarios, policías, jueces, fiscales o abogados han tratado y trabajado con asuntos y cuestiones que son propios del trabajo de un criminólogo.

La sentencia 1140/2010, de 29 de diciembre, del Tribunal Supremo [ROJ: STS 7184/2010] es una de las pocas resoluciones españolas que hace referencia expresa al denominado Feindstrafrecht o Derecho penal del enemigo con el que el Estado no trata simplemente de castigar a los delincuentes, sino de luchar contra sus enemigos, recurriendo para ello a un derecho penal especial y excepcional que –según este órgano judicial– se caracterizaría por tres señas de identidad:

El Art. 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –a la que suele denominarse Ley de Extranjería– establece que: “En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.”

Ficha técnica

Las crónicas de Enriq. La enseñanza de la Criminología y el Derecho Penal a través del método del caso. 2ª EDICIÓN

Jorge Ramiro Pérez Suárez

Dykinson, S.L. 2013

170 págs.

 

Las crónicas de Enriq es el primer libro publicado que busca adaptar la docencia en Criminología y Derecho Penal al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). A través de breves historias sobre enigmáticos y oscuros personajes, el autor facilita la introducción de importantes conceptos, fundamentos y teorías de las disciplinas criminológica y dogmático-penal. 

No es la primera vez que se redacta un libro que integre, defina y explique la reacción del ordenamiento jurídico español en relación a un tema específico, pero hay que agradecer la existencia de uno que trate este tema en concreto, máxime cuando el Código Penal parece encaminarse a una punición más elevada, apostando la próxima reforma por la privación de libertad.

Tomás Montero admite la tímida apertura del Código Penal a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, si bien esa apertura evidencia un sistema en crisis que la criminología reitera debería ser el último recurso por ser el más lesivo y el menos útil. El autor toma inmediatamente la medida estrella[1], la mediación, como la clase de alternativa recomendada pero menos usada en neustro marco jurídico.

El Art. 40.3.a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, pidió a los Estados miembros de la ONU que establecieran una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; pero su petición mantuvo la habitual flexibilidad que caracteriza este ámbito, de modo que no existe ninguna disposición internacional sobre justicia juvenil que establezca, expresamente, cuáles son las edades mínima y máxima entre las que se comprende el indeterminado concepto de “menor delincuente”. Esa indefinición obedece a una razón muy sencilla: se trata de unos principios básicos que el Derecho Internacional ha logrado consensuar para fijar unas reglas mínimas aplicables a la gran diversidad de ordenamientos que existen en todo el mundo. La primera regulación que trató de acotar ese margen de apreciación nacional fueron las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores [conocidas como las “Reglas de Beijing”]. Ese mínimo común se adoptó mediante la Resolución A/RES/40/33, de 29 de noviembre de 1985, en pleno Año Internacional de la Juventud.

Puede que el contenido de este in albis te recuerde vagamente al argumento del relato El informe de la minoría, de Philip K. Dick (1956), o a su versión cinematográfica, Minority Report, de Steven Spielberg (2002), pero no se trata de ciencia ficción sino de realidad. El Título XI del Código Penal de Cuba –que se aprobó mediante la Ley nº 62, de 29 de diciembre de 1987– regula el estado peligroso y las medidas de seguridad. Su primer precepto, el Art. 72, considera que una persona se encuentra en esta situación cuando se halla especialmente proclive a cometer delitos, demostrando que observa una conducta en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.

El 25 de febrero de 2001, dos hermanos que tenían a su padre muy enfermo –sufría un carcinoma hepático avanzado, con metástasis– se dirigieron a Jerez de la Frontera (Cádiz), al domicilio de una mujer que tenía “poderes” y que –según consta en la sentencia 832/2007, de 2 de febrero, del Tribunal Supremo – les indicó que ella podía curar a su padre pero que (…) el tratamiento era caro pues incluía la compra de unos líquidos en Madrid, de precio elevado, y les explicó que también era necesario sacrificar animales y extraerles los mismos órganos afectados por el cáncer que sufría su padre, tarea para la que precisaba la ayuda de otra persona. Entre febrero y marzo de aquel año, los hermanos extremadamente asustados y desanimados por la situación le entregaron 2.995.000 pesetas y la escultura de un pájaro y también le costearon cuatro traslados desde su “consulta” jerezana hasta la casa familiar del paciente en Ubrique. 

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