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Resumen: Este artículo trata del uso de drogas para cometer ciertos delitos mediante la sumisión de la víctima, es decir, anulando la voluntad de ésta.

La reciente reformulación del Código Penal a instancias del Ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, pretende actualizar el texto para dar respuesta a nuevas formas delictivas y resstructurar otras penas existentes. El informe presentado al Consejo de Ministros presenta novedades en diversas materias; desde el matrimonio forzado, delito perteneciente a la esfera de la comúnmente denominada violencia sobre la mujer, hasta el comiso de bienes, la custodia de seguridad, la detención ilegal o la granulación de delitos económicos como la apropiación indebia y la administración desleal.

Existe un dicho popular que reza: “dos no pelean, si uno no quiere”. Parafraseando este refrán se me ha ocurrido titular esta reflexión “Dos no debaten, si uno no quiere”, porque el debate, la contraposición de opiniones, el diálogo, requiere (más aún que en el caso de la pelea) que haya voluntad por parte de los dos contendientes.

Cuando debatimos y nos escuchan sentimos que nuestros pensamientos son importantes, que somos iguales a nuestros compañeros de debate, que somos reconocidos, que somos legitimados.

La Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar (CPM) castiga las acciones y omisiones, dolosas o culposas, que se castigan como delitos militares. Al regular las penas que se pueden imponer a los delitos comprendidos en este Código, el Art. 24 establece que dichas penas principales pueden ser: la prisión (en general, la pena de privación de libertad impuesta a militares oscila, según los delitos, entre los tres meses y un día y los veinticinco años y se cumplen en los establecimientos penitenciarios militares que determine el Ministerio de Defensa), la pérdida de empleo (que produce la baja del penado en las Fuerzas Armadas, con privación de todos los derechos adquiridos en ellas, excepto los pasivos), la inhabilitación definitiva para mando de buque de guerra o aeronave militar, el confinamiento (de seis meses y un día a seis años) o el destierro (de tres meses y un día a seis años). Sorprende descubrir que, en pleno s. XXI, un militar aún pueda ser desterrado.

Hablando con propiedad, el mal llamado robo necesario, miserable o famélico se denomina eximente de estado de necesidad y se regula en el Art. 20.5° del Código Penal español. Este precepto señala que está exento de responsabilidad criminal [lo que no excluye la correspondiente responsabilidad civil (Arts. 118 y 119 CP)]: El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 2) Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. 3) Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. En la jurisprudencia española, este concepto del robo famélico sólo aparece en dos únicas resoluciones de todo nuestro amplio repertorio.

El pasado Consejo de Ministros anunció la modificación, una vez más, de un ya más que maltrecho Código Penal, con la implantación de la prisión permanente revisable como decisión estrella en lo que no fue más que un acto de propaganda política. Y es que si queríamos informarnos algo más sobre las condiciones específicas bajo la que se regiría dicha condena, encontramos un triste texto de apenas una página para explicar su decisión. Acudí a ese breve texto con el objetivo de conseguir aclarar algunas dudas sobre su implantación que ya albergaba cuando se empezó a hablar del tema, pero reclamo que se me devuelvan esos cinco minutos que desperdicié en leerlo, porque aparte de mencionar los tipos penales a los que se aplica, nada se sabe aparte de avalar su decisión en unos supuestos expertos, y avalar su decisión. Nada de los criterios utilizados para revisar la condena, nada sobre el momento en que esta podría revisarse por primera vez, nada de nada. 

I.- Planteamiento general.

Las medidas de seguridad constituyen, junto con las penas, una de las consecuencias principales del delito. No obstante, las posibles coincidencias que pudieran existir entre ambas, hay que tener en cuenta que la diferencia principal entre unas y otras -penas y medidas- radica en los conceptos de peligrosidad y culpabilidad. El fundamento de las medidas de seguridad es la peligrosidad -art. 6 CP- mientras que el de las penas, es la culpabilidad -art. 5 CP-.

Los límites del Derecho Penal en una sociedad democrática

En un breve artículo, el Autor trata de poner de manifiesto los excesos en que se puede  incurrir respecto del uso y abuso de Derecho Penal que en definitiva es y debe ser, ultima ratio en el Ordenamiento, para conseguir la garantía de restablecimiento del orden jurídico alterado.


A propósito del proyecto gubernamental de Ley Orgánica de reforma del Código Penal por el cual se persigue elevar las penas por delitos de resistencia a la autoridad y vandalismo

El día 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificaba el Código Penal. Fue su vigésimo quinta modificación si las cuentas no me han fallado (y no la última pues volvería a ser modificado por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero) desde su publicación en 1995.

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