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Hola, mi nombre es…. bueno no importa, mi nombre es lo menos importante, no sólo porque haya dejado de interesar sino porque podría ser todos y cada uno de los nombres de aquellas mujeres que han dejado de existir, todas y cada una de esas mujeres que sufren, han sufrido y sufrirán en silencio y sin compasión el abuso, el maltrato y la humillación de sus parejas.

Hace unos meses salía publicado el Anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, un pobrísimo compendio normativo que deja muy poco márgen para el verdadero acceso a la información. Y en la parte que nos afecta a los investigadores de las ramas relacionadas con el ámbito de la seguridad pública, ni siquiera se nos reconoce acceso alguno a la información que afecta a nuestro campo (ausentes en el artículo 2). 

La pena de muerte supone, aún a día de hoy, un tema que conduce a un debate de nunca acabar respecto tanto a su efectividad como a la humanidad de la pena. Nos encontramos en un campo con dos polos totalmente opuestos: los que defienden fervientemente dicha pena, y los detractores que se escandalizan con el su existencia en pleno siglo veintiuno. Muchos estudios habidos y por haber han intentado defender y combatir la ejecución de este tipo de condena, y, aunque muchos de ellos no han dudado en indicar su inefectividad a nivel preventivo, el caso es que sigue conservando un buen número de defensores que, independientemente de lo efectiva que sea, consideran un castigo muy justo para cierto tipo de delitos. 

El pasado 27 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los resultados provisionales de la estadística de menores con datos referidos a 2010.

En ella analiza la información recogida en el registro de sentencias de responsabilidad penal de los menores, donde se inscriben las sentencias firmes dictadas por los jueces de menores y que en la actualidad es la única fuente que permite un conocimiento global de la evolución de la delincuencia juvenil en España, pues otras fuentes como la estadística de menores infractores que elabora el Observatorio de la Infancia, a parte de la demora en su publicación, no cuenta con información homogénea del total del territorio nacional, además de contar con importantes lagunas metodológicas que hace que los datos que aporta no sean del todo fiables. Tampoco la información aportada por la Fiscalía General del Estado en sus memorias, ni por el Ministerio del Interior en su informe anual cuentan con el rigor necesarios, si bien si pueden ser indicativos de tendencias.