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Bajo la extensa rúbrica del Derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad; pena de muerte, no existirá; debido proceso; igual protección de las leyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta de embargo, la sección 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado [ELA] de Puerto Rico, de 1954, establece que se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. A pesar del elocuente tenor literal de este precepto –claramente abolicionista– el peculiar marco jurídico de esta isla caribeña ha generado una singular anomalía que permite la ejecución de una persona.

"Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que no me lloréis. Que mi nombre no se borre de la historia". Julia Conesa

Al finalizar la guerra los juicios sumarísimos, las detenciones, las torturas y las ejecuciones estaban a la orden del día y a pesar del comunicado oficial donde se decía que aquel que no tuviera delitos de sangre no sería condenado a la pena capital fueron muchos los españoles (sobre todo mujeres) para los que esta afirmación resultaría una cruel falacia.

En los Arts. 37 a 46 del primer Código Penal de la historia de España –el que decretaron las Cortes el 8 de junio de 1822– se detallaba el minucioso modo de ejecutar la pena capital. Tras notificar la sentencia al condenado a muerte –cuarenta y ocho horas antes de proceder a su ejecución– se ponían carteles para anunciar al público el día, hora y sitio en que tendría lugar, con el nombre, domicilio y delito del reo que, en todo caso, sufriría el garrote, sin tortura alguna ni otra mortificación previa de la persona. La ejecución siempre era pública y tenía lugar entre las 11h00 y 12h00 de la mañana, pero nunca en domingo ni en día feriado, fiesta nacional o día de regocijo de todo el pueblo. La pena se ejecutaba sobre un cadalso de madera o de mampostería, pintado de negro, sin adorno ni colgadura alguna en ningún caso y colocado fuera de la población; pero en sitio inmediato a ella para que pudieran presenciarla muchos espectadores.

 Tras hablar de las prisiones como parte del sistema punitivo actual y de su posible y deseable adaptación a los valores de la Justicia Restaurativa, surgió la pregunta ¿qué pasa con la pena de muerte? La pena de muerte como castigo que el Estado impone al criminal que ha cometido algún delito, de los llamados “capitales”, fue muy común en épocas pasadas, donde su habitualidad no dejaba muchas dudas. El movimiento abolicionista, sobre todo a partir del SXVIII y tras la publicación del libro de Beccaria, “de los delitos y las penas”, supuso un gran paso para la erradicación de muchos sistemas penales, pues como bien decía Beccaria, no es “sano”, esta libre disposición de la vida humana: “ si la sociedad política tiene sus orígenes en un acuerdo entre los individuos, que dejan de vivir en la condición natural y se dan leyes para protegerse uno con el otro, es inconcebible que estos individuos hayan metido a disposición de sus símiles, también el derecho a la vida”.

Es evidente que la pena de muerte es la sanción más enérgica y longeva de la historia humana. Lo que sigue produciendo sendos debates y foros de discusión. Lo que representa diversos aspectos de análisis, como la personalidad del sujeto activo, las víctimas de delitos considerados graves, la sociedad y las instituciones oficiales del Estado. Por lo tanto las opiniones también son vertidas desde diversas disciplinas y ciencias desde la sociología a la criminología, pasando por la política, la filosofía y el derecho entre muchas otras.

Hay en el mundo muchos países que aun aplican la pena de muerte, empleando diversas formas para hacerlo desde la lapidación, el ahorcamiento, la cámara de gases y la inyección letal principalmente.

Copan el medallero olímpico a la par que las ejecuciones a la pena capital de sus reos: Estados Unidos y China, China y los Estados Unidos, tanto montan montan tanto.

Y lo más sangrante del caso, es que las dos primeras potencias mundiales son las mayores ejecutoras de la pena capital en el planeta, saltándose, en ocasiones, el estado mental, la p...

La pena de muerte supone, aún a día de hoy, un tema que conduce a un debate de nunca acabar respecto tanto a su efectividad como a la humanidad de la pena. Nos encontramos en un campo con dos polos totalmente opuestos: los que defienden fervientemente dicha pena, y los detractores que se escandalizan con el su existencia en pleno siglo veintiuno. Muchos estudios habidos y por haber han intentado defender y combatir la ejecución de este tipo de condena, y, aunque muchos de ellos no han dudado en indicar su inefectividad a nivel preventivo, el caso es que sigue conservando un buen número de defensores que, independientemente de lo efectiva que sea, consideran un castigo muy justo para cierto tipo de delitos. 

La silla eléctrica la inventó un dentista
Según el informe El largo camino hacia la abolición global de Amnistía Internacional, al concluir 2010, afortunadamente, en el mundo ya había muchos más países abolicionistas (139 naciones no aplican la pena de muerte) que retencionistas (58 países y territorios). Encabezan este vergonzoso ránking Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen. Los métodos más empleados son la decapitación, el ahorcamiento, la inyección letal, el pelotón de ejecución y la electrocución.