Antes de empezar a desarrollar el artículo cabe destacar la diferencia que hay entre delincuencia  e inseguridad ciudadana (dos conceptos diferentes pero que están relacionados), en la que delincuencia  la podemos considerar como un hecho que constituye un factor de  inseguridad objetiva y como inseguridad ciudadana, la cual se  puede definir  como “una sensación”, con un carácter subjetivo que sufre o sufren las personas en ciertos momentos o lugares.

Hace unos días me disponía a irme de viaje en avión. Por suerte o por desgracia el viaje no era de ocio, por lo que llevaba el “chip profesional” activado. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrarme en el Aeropuerto de Sevilla este cartel?

Y, claro, yo que tenía activada la neurona criminológica me puse a darle vueltas, y a preguntarle a la gente que qué mensaje le trasmitía ese cartel. ¿Respuesta unánime? “No consumas drogas en el extranjero, consúmelas en España”. Bravo Sr. Fernández Díaz. Bravo Sr. Gallardón.

En los últimos años, la especialización de los agentes de Policía Local de la Región de Murcia ha mejorado considerablemente. Diversos municipios cuentan con equipo de atestados propio, en parte gracias a los nuevos criterios de organización interna, clasificando por unidades especializadas a los componentes de la plantilla policial. Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Murcia son un buen ejemplo de ello, cuentan con grupo de atestados e investigación de siniestros, garantizando así la exclusividad del trabajo en detrimento de la generalidad del ‘policía para todo’.

El Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas Cabrera

Casi la mitad de los niños que mueren en accidente de tráfico no utilizaban ningún sistema de retención infantil. Este dato tiene que hacernos reflexionar sobre qué pasa por la mente de los padres o de los mayores que en ese momento respondían del indefenso niño. Porque hay que ser mala gente para no proteger a lo que más quieres en teoría: tu hijo. Es una negligencia que está costando la vida de una criatura inocente, que muere de la forma más trágica y temeraria, una muerte que a todas luces se puede evitar, que los mayores podemos evitar. No vale la excusa: voy aquí al lado, porque esos que van aquí al lado son los que mueren; son dos minutos, porque en esos dos minutos es cuando mueren los niños; es que el niño se lo quita, porque esos niños que se lo quitan por sus padres desatentos son los que mueren.

(No usaré una imagen de un ciclista muerto o atropellado, porque no respeta la dignidad informativa, en su lugar utilizaré una de Juan Crespo que supone un homenaje a la memoria de todos los ciclistas muertos por la violencia vial - http://www.murciaenbici.org/ficha.asp?id=257 - )

¿Donde menos usamos la bicicleta y a la vez donde muere más gente? algo falla.

I.- Planteamiento de la problemática

La atención preferente en España a los delitos contra la seguridad vial se ha evidenciado en los últimos años en distintas actuaciones del Estado, entre ellas podemos citar:

El endurecimiento en la normativa de tráfico.

La implicación de la Fiscalía del Estado de Seguridad Vial.

La preparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La concienciación de asociaciones de víctimas y medios de comunicación.

Todas estas actuaciones que son sobradamente conocidas han dado como resultado positivo el considerable descenso de accidentes de tráfico con la consiguiente disminución de víctimas de los mismos. Sin embargo, existe otra importante intervención del Estado que tiene como atención preferente la delincuencia vial y que es menos conocida, es la intervención tratamental que con la delincuencia vial que se realiza en el medio penitenciario.

 

Por curioso que parezca, la retirada de puntos del permiso o licencia de conducción, no se encuentra regulada como una pena cuando se comete un delito contra la seguridad vial. Esta práctica de condenar restando puntos del carné al enjuiciado ha sido llevada a cabo por algún que otro juzgado. Sin embargo, ante el recurso del delincuente vial la sentencia ha de ser anulada en este único detalle.

Durante la II República española, el incesante progreso de la industria del automóvil, la importancia adquirida por el transporte de viajeros y mercancías y el mejoramiento de nuestras vías aumentó la circulación de un modo insospechado, lo que unido a la multitud de disposiciones dispersas y faltas de la necesaria unidad de criterio supuso que el Gobierno creara una comisión interministerial el 14 de febrero de 1934 con la misión de unificar en un Código de Circulación, las diversas normas existentes (en especial, dos reglamentos de 1926 y 1928) y los convenios internacionales sobre unificación de señales en las carreteras (hecho en Ginebra en 1931 y ratificado por España en 1933). Siete meses después, el 26 de septiembre de 1934, la Gaceta de Madrid (antecedente histórico del BOE) publicó el primer Código de Circulación español que, expresamente, no fue derogado hasta 2009 por el Reglamento General de Conductores (Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo).

En España, los delitos contra la seguridad vial se regulan, actualmente, en los Arts. 379 a 385 ter del Código Penal de 1995, según la redacción y modificaciones que introdujeron dos leyes orgánicas posteriores, de 2007 y 2010; pero, ¿cuáles fueron sus antecedentes? ¿Desde cuándo se tipifican los delitos relacionados con el tráfico?