La respuesta del Tribunal Supremo ha sido muy explícita. La sentencia 992/20101, de 8 de enero, afirma que El Estado de Derecho nunca debe abdicar, obviamente, de sus más elementales esencias, como lo es sin duda el respeto a la dignidad del ser humano, en aras de un relativismo cultural que aloje el fundamento de la decisión penal en las creencias, opiniones o costumbres de un determinado grupo, con el grave riesgo que ello por añadidura supondría para la adecuada protección de las víctimas, como titulares últimos de tales valores básicos. Esta sentencia puso fin a un proceso que se inició cuando se produjeron los hechos, en junio de 2007.