En este artículo el autor estudia los distintos criterios que la jurisprudencia mantiene sobre la calificación penal que debe darse a las agresiones que sufre el funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, si solamente son simples faltas contra las personas, o por el contrario podrían tener la consideración de delito de atentado, tipificado en el artículo 550 del Código Penal.