Hoy a 40 años del inicio de las desapariciones, torturas y muertes de muchos chilenos a manos de los aparatos estatales con que el régimen autoritario comandado por Pinochet quiso aniquilar a toda persona que estuviera contra sus ideas dictatoriales, la televisión en un acto tardío, nos muestra las imágenes ayer vedadas. El horror y la indignación las une en un vínculo indeleble, con independencia de los programas en que se insertan y del énfasis temático que cada director ha intentado con ellas. Todas proyectan la barbarie desatada, como si obedecieran a un guión de fondo, de un historiador anónimo que desea describir de forma gráfica, los cruentos hechos provocados por el golpe de Estado, a través del cual se pisoteo la institucionalidad. Muchas son difusas, pero tienen la valía de rescatar partes de un mosaico terrible, en que sobrecoge el desprecio por lo humano.

En el último tiempo diversas columnas de opinión y varios artículos han poblado nuestros periódicos y redes sociales, vertiendo un gran número de argumentos respecto del voto de los encarcelados.  Muchos de ellos atiborrados de razonamientos que dan con justicia en el blanco del problema; dotar de más o menos contenido, al reconocimiento que el Estado hace del privado de libertad como sujeto de derechos (al menos como declaración de principios). La discusión se generó por el contenido de la Resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 23 de agosto de 2013, en que se ordena a la administración, generar las condiciones materiales para que ciertos reclusos ejerciten su derecho a sufragio en las próximas elecciones[1].