En el último tiempo diversas columnas de opinión y varios artículos han poblado nuestros periódicos y redes sociales, vertiendo un gran número de argumentos respecto del voto de los encarcelados.  Muchos de ellos atiborrados de razonamientos que dan con justicia en el blanco del problema; dotar de más o menos contenido, al reconocimiento que el Estado hace del privado de libertad como sujeto de derechos (al menos como declaración de principios). La discusión se generó por el contenido de la Resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 23 de agosto de 2013, en que se ordena a la administración, generar las condiciones materiales para que ciertos reclusos ejerciten su derecho a sufragio en las próximas elecciones[1].