La necesidad de modificaciones en la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores

 

En estas semanas se ha hecho pública la condena de los dos secuestradores del atunero español “Alakrana”, que fueron detenidos y traslados a España.

 

Lejos parece quedar el ridículo que el gobierno podía haber hecho cuando se cuestionó la mayoría de edad de alguno de ellos. En muy pocos casos se ha invertido tanto tiempo y tantos esfuerzos para acreditar que un extranjero indocumentado era mayor de edad. Generalmente, las dificultades científicas para hacer una determinación de edad hacen que la misma se fije dentro de una horquilla, que en su extremo inferior sitúa a la persona por debajo de la minoría de edad y en su extremo superior por encima de dicha edad, considerándose automáticamente a la persona como menor de edad (Circular 2/2006, de 27 de julio, de la Fiscalía General del Estado). En el caso del “Alakrana”, esto hubiera supuesto la imposibilidad de enjuiciarle en España por esos hechos, la obligación de ponerlo en libertad y de repatriarle o acogerle en un centro de protección.