El pasado día 24 de agosto publicaba en este mismo medio unas rápidas reflexiones sobre la progresión a tercer grado de tratamiento del etarra José María  Uribechevarria Bolinaga, en las que defendía que su clasificación en tercer grado no era un imperativo legal, algo que el Ministro de Interior defendió vehementemente en los días siguientes, afirmando de forma tajante, no insinuando, que otra decisión hubiera supuesto una prevaricación.

En mis notas manifestaba que si bien la progresión podía sostenerse legalmente, existían tantos o más motivos para, con la ley en la mano, defender la solución contraria, por lo que nos encontrábamos ante una decisión de marcado cariz político más que jurídico, y que la misma se insertaba en la estrategia del gobierno en esta materia.