El pasado día 24 de agosto publicaba en este mismo medio unas rápidas reflexiones sobre la progresión a tercer grado de tratamiento del etarra José María  Uribechevarria Bolinaga, en las que defendía que su clasificación en tercer grado no era un imperativo legal, algo que el Ministro de Interior defendió vehementemente en los días siguientes, afirmando de forma tajante, no insinuando, que otra decisión hubiera supuesto una prevaricación.

En mis notas manifestaba que si bien la progresión podía sostenerse legalmente, existían tantos o más motivos para, con la ley en la mano, defender la solución contraria, por lo que nos encontrábamos ante una decisión de marcado cariz político más que jurídico, y que la misma se insertaba en la estrategia del gobierno en esta materia.

La concesión del tercer grado de tratamiento, como antesala a la concesión de la libertad condicional, al miembro de ETA Iosu Uribetxeberría, está levantando un importante revuelo en la sociedad española, encontrándose en los medios de comunicación opiniones diversas sobre la decisión adoptada por el Ministerio del Interior.

Unos, los que provienen del entorno gubernamental, defienden la decisión como una “decisión debida por imperio de la ley”. Junto a ellos se suman otras fuerzas políticas que siempre han querido dejar la puerta abierta, aún a riesgo de que se escaparan, para favorecer un proceso de fin de violencia.