El control de armas y la enmienda Brady

February 28, 2012 2897
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Desde 1791, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas; pero, tras los magnicidios de los hermanos Kennedy, Malcolm X y Martin Luther King en un periodo muy breve de tiempo, entre 1963 y 1968, el presidente Lyndon Johnson puso en marcha una serie de programas –a los que denominó La Gran Sociedad– entre los que figuró la aprobación de una Ley de Control de Armas [The Gun Control Act (GCA)] de 1968, que prohibió la venta de armas a determinadas personas (prófugos de la justicia, drogodependientes, condenados a penas de prisión superiores a un año, enfermos mentales, etc.), limitó la venta en el caso de que el comprador careciera de licencia de armas y residiera en un Estado diferente al del lugar de adquisición y estableció la obligatoriedad de comprar cualquier arma en un distribuidor autorizado.

    En los años 80, un nuevo intento de magnicidio frustrado volvió a poner de actualidad el debate sobre la posesión de armas. Ocurrió en 1981, cuando John Hinckley Jr. –obsesionado con la actriz Jodie Foster desde que la vio en Taxi Driver– trató de asesinar al presidente Ronald Reagan en Wáshington hiriendo a cuatro personas, entre ellos, al secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, firme defensor de restringir la posesión de armas. Tras el atentado, se decidió retomar su polémica regulación pero el proyecto no salió adelante hasta doce años más tarde, durante el mandato de Bill Clinton; entonces, el apellido de aquel herido y activista del control de armas dio nombre a una enmienda a la GCA de 1968 que, desde aquel momento, se conoce como la Brady Act de 1993.

    A grandes rasgos, la enmienda Brady estableció un periodo de espera de cinco días entre el momento de adquirir el arma y el de la entrega efectiva por parte del vendedor, para que el Gobierno pueda verificar los antecedentes del comprador en el National Instant Criminal Background Check System (NICS) controlado por el FBI; asimismo, la nueva norma amplió las circunstancias personales que se tenían en cuenta para prohibir que un individuo comprase un arma (si fue dado de baja en la Fuerzas Armadas por deshonor; si renunció a la nacionalidad estadounidense, etc.).

Last modified on Thursday, 13 September 2012 08:19
Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

cpvaquero.blogspot.com