Los whistleblowers australianos

May 03, 2012 2341
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En 1993, el Estado australiano de Nueva Gales del Sur aprobó la Whistleblowers Protection Act (Ley de Protección de Delatores) con el objetivo de facilitar la divulgación, en interés de la sociedad, de la mala administración y el despilfarro en el sector público así como de las conductas corruptas o ilegales en general, proporcionando los medios para llevar a cabo estas revelaciones y dar adecuada protección a los soplones. Estas personas, cuando ofrecen información de interés público a las autoridades, no incurren en responsabilidad civil o penal por hacerlo (inmunidad) y las administraciones públicas tienen la obligación de mantener la confidencialidad sobre la identidad del informante; una obligación que se aplicará aunque cualquier otra norma del ordenamiento jurídico establezca lo contrario.

    Ese mismo año, otro estado federado, Australia Meridional, aprobó también una ley similar donde reconoció el derecho de los delatores a presentar sus quejas ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades (Equal Opportunity Commission) cuando, por revelar una conducta delictiva, se vieran perjudicados y sufrieran algún tipo de victimización. El Estado sudaustraliano citaba como ejemplo a dos estudiantes que, al descubrir que los contables de su Universidad desviaban fondos públicos para usos privados, informaron a su concejal y, como consecuencia, no solo no se actuó contra aquellos cargos educativos sino que ambos fueron expulsados del centro universitario. Como víctimas, pudieron reclamar ante esa Comisión.

    Actualmente, en Australia, no existe una regulación federal sobre los soplones (whistleblowers) aunque, desde hace tiempo, se viene trabajando en distintos proyectos de ley para regular su régimen jurídico; en cambio, casi todos los Estados federados sí que han regulado, directa o indirectamente, esta materia. Junto a las leyes ya citadas de Nueva Gales del Sur y de Australia Meridional, Australia Occidental aprobó la Official Corruption Commission Act en 1988; el Territorio de la Capital, Camberra, la Public Interest Disclosure Act (en 1994); Queensland, la Whistleblower Protection Act (en 1994) y, finalmente, el Estado de Victoria aprobó una regulación homónima en 2001.

    El precedente histórico de estas normativas para proteger a los delatores se remonta a los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, con la Lincoln Law de 2 de marzo de 1863 (denominada, oficialmente, False Claims Act). Con esta norma, el célebre presidente norteamericano trató de acabar con la corrupción que generó la Guerra Civil en el suministro de provisiones al Gobierno de Wáshington, alentando la delación de los corruptos a cambio de que los soplones obtuvieran un porcentaje del fraude descubierto.

Last modified on Thursday, 13 September 2012 08:12
Carlos Pérez Vaquero

Valladolid (Castilla y León | España 1969).

Escritor (director de Quadernos de Criminología | redactor jefe de CONT4BL3 | columnista en las publicaciones La Tribuna del Derecho, Avante social y Timón laboral | coordinador de Derecho y Cambio Social (Perú) | colaborador de noticias.juridicas.com); ha publicado en más de 600 ocasiones en distintos medios de 19 países; y jurista [licenciado en derecho y doctorando en integración europea, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid | profesor de derecho constitucional, política criminal y DDHH (UEMC · 2005/2008)].

Sus últimos libros son Las malas artes: crimen y pintura (Wolters Kluwer, 2012) y Con el derecho en los talones (Lex Nova, 2010).

Este blog te acercará a lo más curioso del panorama criminológico internacional de todos los tiempos; y, si quieres conocer otras anécdotas jurídicas, puedes visitar el blog archivodeinalbis.blogspot.com

cpvaquero.blogspot.com