La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificó el régimen del aborto en España. En su preámbulo, afirmó que La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

Para reforzar la seguridad jurídica a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que en este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada; y que una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo. Así lo estableció la Corte de Estrasburgo en el caso Tysiac contra Polonia, de 20 de marzo de 2007, cuando Alicja Tysiac quiso abortar por motivos de salud –sufría una miopía severa que se agravó al quedarse embarazada– pero, por culpa de las desavenencias de los médicos a la hora de practicarle o no ese aborto terapéutico, la mujer acabó perdiendo la vista.

Un año más tarde, la Resolución 1607 (2008), de 16 abril, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el Acceso a un aborto sin riesgo y legal en Europa reafirmó el derecho de todo ser humano –y, en particular, de las mujeres– al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo; y, en ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada. Como consecuencia, invitó a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables.

En el ámbito concreto de la Unión Europea, la regulación del aborto no es competencia de Bruselas sino de cada uno de los legisladores nacionales, lo que da lugar a un margen de divergencia en la normativa aplicable en los 27 Estados miembros que, no obstante, podemos encuadrar en tres grandes grupos:

2) Los veinte países que lo autorizan, a petición de la embarazada, mediante un sistema de plazos en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de la gestación: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia; así como España, desde el 5 de julio de 2010, cuando entró en vigor la actual normativa de plazos (14 semanas). Fuera de ese límite de tiempo, se establecen supuestos excepcionales (riesgo para la salud de la madre, anomalías fetales, enfermedad incurable, etc.).

3) Y, por último, el único Estado miembro de la Unión Europea que todavía considera delito abortar: Malta. El Art. 241 de su Código Penal –según la enmienda introducida en 1981– establece que 1. Todo aquel que, por medio de cualquier comida, bebida, medicamento o por la violencia, o por cualquier otro medio, provoque el aborto involuntario de cualquier mujer embarazada, con el consentimiento o no de la mujer, será condenado a reclusión por un periodo de dieciocho meses a tres años. 2. La misma pena se concederá en contra de cualquier mujer que procurará su propio aborto involuntario, o que hayan consentido en el uso de los medios por los que se procure el aborto involuntario.

Fuera de la Unión Europea, en el Viejo Continente sólo se penaliza el aborto en Andorra (algo previsible teniendo en cuenta que uno de sus copríncipes es el Obispo de Seo de Urgell) y Liechtenstein (que rechazó despenalizarlo en un referéndum celebrado el 19 de septiembre de 2011).

Una de las directrices políticas de la Unión Europea consiste en trabajar en favor de la abolición universal de la pena de muerte; de hecho, afortunadamente, ya se encuentra abolida en los 27 Estados miembros y, salvo en el caso de Bielorrusia, ningún otro país del Viejo Continente practica la pena capital en la actualidad; aun así, en el mundo todavía se ejecuta en muchas naciones retencionistas, desde los Estados Unidos hasta China pasando por Japón, India, Arabia Saudí o Irán.

En el marco del Derecho Comunitario Europeo, el 1 de diciembre de 2009 entró en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales que, al proclamar el derecho a la vida (Art. 2) también afirma que Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado; asimismo,el Art. 19.2 sobre la protección en caso de devolución, expulsión y extradición establece que Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes; de esta forma se incorporó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la llamada protección subsidiaria.

El considerando 13º de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002, sobre la orden de detención europea (la euroorden) y los procedimientos de entrega entre Estados miembros, siguió esa misma línea al afirmar que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

En la práctica, esto significa que cuando el 25 de junio de 2003, la abolicionista Unión Europea firmó un acuerdo de extradición con los retencionistas Estados Unidos, Bruselas estableció unas condiciones especiales a Wáshington a la hora de enviar a un detenido al otro lado del Atlántico. El Art. 13 de este acuerdo se dedica, específicamente, a la pena capital, regulando que: Cuando el delito por el que se solicita la extradición pueda ser castigado con la pena de muerte, según la legislación del Estado requirente, y no sea punible con la pena de muerte con arreglo a la legislación del Estado requerido, éste podrá conceder la extradición con la condición de que no se imponga la pena de muerte a la persona en cuestión, o, si por motivos de procedimiento el Estado requirente no puede cumplir dicha condición, con la condición de que, de imponerse la pena de muerte, la misma no se ejecutará. Si el Estado requirente acepta la extradición con las condiciones establecidas en el presente artículo, dicho Estado cumplirá con las condiciones. Si el Estado requirente no acepta las condiciones, se podrá denegar la solicitud de extradición. Un nuevo acuerdo de asistencia judicial en materia penal suscrito por la Unión Europea y los Estados Unidos el 23 de octubre de 2009 (la Decisión 2009/820/PESC) reafirmó esa idea: los 27 Estados europeos concederán la extradición si el Gobierno norteamericano no le impone la pena de muerte al sujeto extraditado o, en caso de que se le imponga, que no sea ejecutado.

En cuanto a la relación con el resto de países del mundo, la Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril, estableció los requisitos para reconocer el estatuto de refugiado o depersona que necesita otro tipo de protección internacional a los nacionales de terceros países o apátridas. Se les concederá la protección subsidiaria y no serán extraditados si concurre alguno de estos tres daños graves: a) la condena a la pena de muerte o su ejecución; b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen; o c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.