In Albis

El Art. 37 del Estatuto General de la Abogacía Española –aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio– establece que: 1. Los abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga [traje principal exterior y de ceremonia que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordinario] y, potestativamente, birrete [gorro armado en forma prismática y coronado por una borla que llevan en los actos solemnes los profesores, magistrados, jueces y abogados],sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia. 2. Los abogados no estarán obligados a descubrirse más que a la entrada y salida de las Salas a que concurran para las vistas y en el momento de solicitar la venia para informar.

De este segundo inciso deducimos, en sentido contrario, que desde que un abogado entra en la sala, donde se va a celebrar una vista, hasta que sale de ella, debe ir descubierto; igual que cuando se dirige al tribunal solicitando la venia. ¿Qué ocurriría entonces si una abogada musulmana vistiera con su habitual pañuelo islámico? ¿Podría defender en un juicio a su cliente? Parece un caso extremo pero, como la vida real suele ir por delante de la ficción, este hecho ya se ha producido. Sucedió el 29 de octubre de 2009 en la Audiencia Nacional.

La abogada Zoubida Barik Edidi –de nacionalidad española y origen marroquí (estudió Derecho en Rabat)– acudió a un proceso que se seguía por terrorismo islamista acompañando a otro letrado (ella no se encargaba de la defensa de ninguna de las partes), vestida con su correspondiente toga y el hiyab, a la Sala de lo Penal presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, quien le recordó que no se puede ejercer la abogacía ante un tribunal español con la cabeza cubierta. La abogada se marchó y presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial –órgano de gobierno del tercer poder del Estado– que fue archivada al no advertirse ninguna responsabilidad en la decisión del magistrado; e interpuso un recurso que, finalmente, resolvió una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2010 (desestimándola por una cuestión de forma sin entrar al fondo del asunto: la recurrente no ha seguido el camino previsto legalmente para revisar las decisiones adoptadas por quien preside un tribunal de justicia en ejercicio de las potestades de policía de estrados) y un posterior auto del mismo órgano de 31 de enero de 2011, en el que se había promovido un incidente de nulidad de actuaciones (que tampoco hubo lugar y condenó a la abogada a hacerse cargo de las costas).

La demandante declaró a los medios de comunicación que en Ceuta y Melilla no existían este problema con el velo en los órganos judiciales y que aquella decisión vulneraba su libertad religiosa; poniendo como ejemplos comparados el turbante de los abogados sij en el Reino Unido o el de la kipa judía en Estados Unidos. En la fundamentación jurídica del Tribunal Supremo, el auto considera queno parece que la recurrente haya sufrido indefensión pues ha obtenido respuesta a sus pretensiones, aunque, claro está, no fue la que deseaba. Sin embargo, el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el de obtener una resolución favorable sino una resolución fundada en Derecho y debidamente motivada.Por su parte, la especialista en comportamiento ante los tribunales, Purificación Pujol, afirmó en relación con este caso que en aplicación del Art. 37 del Estatuto de la Abogacía y de las normas de buena educación que imperan en nuestra sociedad, si algún abogado entra en Sala cubierto, será el propio juez quien deberá conminarlo a que se descubra.

Con la trascendental sentencia de 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –ubicada en San José (Costa Rica)– resolvió el llamado Caso Barrios Altos reabriendo la investigación judicial sobre aquella masacre; reparando los daños morales y materiales a los familiares de las víctimas y, sobre todo, derogando la Ley peruana nº 26479 que concedió una amnistía general a personal militar, policial y civil que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o participado en esas violaciones entre 1980 y 1995; así como la Ley 26492 que la desarrolló para entorpecer la labor de la Justicia.

Los hechos ocurrieron la noche del 3 al 4 de noviembre de 1991, cuando 6 individuos fuertemente armados y cubiertos con pasamontañas –miembros de un “escuadrón de eliminación” del ejército– llegaron al vecindario de Barrios Altos, en Lima, montados en dos coches policiales todoterreno; entraron en una casa donde se estaba celebrando una “pollada” (fiesta para recaudar fondos para reparar el edificio), obligaron a los asistentes a tumbarse en el suelo y abrieron fuego contra ellos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras 4 antes de huir con las sirenas de sus coches encendidas. Se encontraron 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre procedentes de ametralladoras.

El procedimiento abierto por los tribunales se topó con la jurisdicción militar que reclamó su competencia para procesar el caso; pero, finalmente, el Congreso peruano aprobó en 1995 una Ley de Amnistía aplicable a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de derechos humanos; lo que supuso el archivo definitivo de las investigaciones judiciales y evitó la responsabilidad penal de los autores de la masacre.

Tras un gran debate interno que enfrentó a los tres poderes del Estado, una jueza, Antonia Saquicuray, decidió no aplicar aquella amnistía en los procesos penales que aún estuvieran pendientes en su juzgado, por lo que el Congreso enmendó la primera ley con una segunda para que ningún juez pudiera pronunciarse sobre su legalidad; el Caso Barrios Altos acabó en la Corte Interamericana gracias a una denuncia presentada el 30 de junio de 1995 por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en contra de Perú por otorgar la amnistía a los agentes estatales responsables de aquellos asesinatos.

Su importante sentencia de 2001 consagró la nulidad de las leyes de autoamnistía así como el fin de la impunidad de los crímenes cometidos por los Estados. El juez Cançado Trindade resumió perfectamente el sentido de esta resolución en su voto particular: No hay que olvidarse jamás que el Estado fue originalmente concebido para la realización del bien común. El Estado existe para el ser humano, y no viceversa. Ningún Estado puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por destinatarios últimos los seres humanos

El abogado y político francés Louis-Michel le Peletier nació en París el 29 de mayo de 1760; ciudad donde fue asesinado sin llegar a cumplir los 33 años, el 21 de enero de 1793; aun así, el amigo de la moral y de las leyes, con el talento de los grandes jueces –como lo definió el jurista Nicolas Bergasse– desempeñó un papel fundamental en la Revolución Francesa, al defender los derechos del pueblo y la igualdad de todos los ciudadanos, proponiendo la eliminación de cualquier título nobiliario, aunque él mismo era marqués de Saint-Fargeau. Así logró la admiración de los revolucionarios que, el 21 de junio de 1790, lo proclamaron presidente de la Asamblea Constituyente.

Un año más tarde, cuando se aprobó la Constitución de 1791, le Peletier fue nombrado ponente de la comisión de justicia de la Asamblea que redactó el primer Código Penal francés. De acuerdo con las ideas del marqués de Beccaria de humanizar la justicia y evitar la irracionalidad, la arbitrariedad y la crueldad de las leyes penales intentó abolir la pena de muerte y la práctica de cualquier tormento en una época en la que las penas físicas eran tan extremas como habituales; no lo consiguió, pero –al menos– logró que la ponencia acordara que todos los condenados a muerte muriesen ejecutados de la misma manera: cortándoles la cabeza. En aquel momento, la guillotina supuso un gran avance para la época porque aplicó la misma condena a todos los ciudadanos (proporcional y sin privilegios sociales) y evitó la crueldad de algunos suplicios (como el desmembramiento del cuerpo atado al tiro de varios caballos) con una muerte rápida y digna que, además, dejó de tener consecuencias accesorias más allá del ejecutado, sobre sus bienes y sus familiares.

El 20 de enero de 1793, le Peletier tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: él, que defendía la abolición de la pena de muerte, debía votar a favor o en contra de la ejecución de Luis XVI; dudó pero, finalmente, aceptó que el rey fuese condenado a la guillotina. El resultado de la votación no pudo ser más ajustado: 360 votos en contra frente a 361 diputados a favor del regicidio, incluyendo el apoyo del primo del monarca, el duque de Orleáns.

Aquella misma noche, mientras cenaba en un restaurante junto al Palacio Real, un guardia sin empleo que había trabajado como escolta del monarca, llamado Philippe Nicolas de Pâris, se acercó a su mesa para recriminarle el sentido de su decisivo voto, intercambiaron algunos reproches, el abogado alegó que había votado de acuerdo con su conciencia y el militar le clavó una espada en el costado a la vez que le decía: Aquí tienes tu recompensa. Le Peletier falleció poco tiempo después, tan solo unas horas antes de que la cabeza de Luis XVI cayera inerte en un cesto el 21 de enero de 1793, a las 10h20 de la mañana. El guardia sólo sobrevivió diez días más; al ser descubierto en la frontera cuando trataba de huir a Inglaterra, se suicidó con su arma disparándose en la cabeza, el último día de aquel histórico mes de enero. 

El 3 de junio de 2004, el señor Panayiotis Agapiou Panayi –alias Kafkaris– presentó una demanda contra el Gobierno de Chipre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que la condena a cadena perpetua que cumplía en la Prisión Central de Nicosia violaba sus derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; en concreto, el Art. 3 de esta Convención: Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. La condena se le impuso el 9 de marzo de 1989, cuando Kafkaris –un sicario que nunca reveló el nombre de la persona que lo había contratado– fue juzgado por colocar un explosivo debajo del coche de Mr. P. Michael, un influyente hombre de la clase alta chipriota, el 10 de julio de 1987, causándole la muerte a él y a otros dos ocupantes (los dos hijos menores de la víctima, de 11 y 13 años). De acuerdo con el Código Penal de este país, el asesino fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de la ciudad de Limasol.

El TEDH analizó la legislación de Chipre [Sección 203 (2) de su Código Penal: Cualquier persona que sea declarada culpable de asesinato premeditado será castigada a cadena perpetua] y el 12 de febrero de 2008 concluyó que la imposición de esta pena a un delincuente adulto, no está prohibida ni resulta incompatible con el Art. 3 o cualquier otro artículo de la Convención (…) sin embargo, el Tribunal también declara que la imposición de una pena de cadena perpetua irreducible en un adulto sí que puede plantear una cuestión en virtud del Art. 3; es decir, que el elemento que debemos tener en cuenta es ese carácter de irreductibilidad (la “esperanza de liberación”): si la legislación nacional del Estado que haya impuesto la cadena perpetua prevé la posibilidad de llegar a revisar, en algún momento, la reclusión de por vida para lograr su conmutación, terminación o la libertad condicional del recluso, con eso bastará para satisfacer el Art. 3 y que la cadena perpetua no sea considerada un trato inhumano o degradante.

Dada la importancia de esta cuestión, numerosos jueces del propio TEDH mostraron sus discrepancias con el veredicto. En concreto, el juez Nicolas Bratza señaló que Considero queha llegado el momento en que la Corte debe afirmar claramente que la imposición de una pena de cadena perpetua irreducible, incluso en un delincuente adulto, es en principio incompatible con el Art. 3 de la Convención. Una sentencia "irreductible" equivale a (…) una sentencia para toda la vida del delincuente, sin "posibilidad" o "esperanza" o "perspectiva" de liberación.

El proceso por la desaparición de la joven Marta del Castillo en enero de 2009 ha vuelto a poner de actualidad esta pregunta: ¿se puede condenar a una persona por la muerte de otra si no se llega a encontrar su cuerpo? Veamos un caso reciente que se ha producido en Chile hace unos meses y algunos otros ejemplos históricos españoles.

El 10 de agosto de 2011, el diario chileno La Prensa Austral publicó el siguiente titular: En un inédito fallo jueces condenaron a pescador por asesinato sin cadáver. “Aportamos pruebas biológicas (análisis de ADN) y el testimonio del único testigo presencial del hecho, todos medios de prueba idóneos que llevaron a establecer que la persona fue asesinada y que el acusado era el responsable”, declaró el fiscal regional. En la jurisprudencia de Chile no existía ningún precedente similar a este caso, juzgado por un tribunal de Punta Arenas, en el que se condenó a Sixto Pablo Ayancán, de 40 años, como autor del homicidio de Fernando Antonio Ojeda, de 47, a pesar de que nunca se pudo encontrar su cadáver. Durante el juicio se demostró que el 20 de febrero de 2009 hubo una discusión entre ambos, a bordo de una embarcación pesquera, que terminó cuando el agresor disparó a su víctima un tiro de escopeta en el pecho. Posteriormente, trasladó el cuerpo a 55 millas náuticas al oeste de Puerto Natales, donde lo lanzó al mar amarrado a unos sacos con piedras. Según este diario chileno, la decisión de condena echó por tierra la tesis de que si no se halla el cuerpo de la víctima no puede ser probado homicidio alguno.

En realidad, si la Justicia no pudiera condenar a alguien por el mero hecho de que no se hubiera hallado el cuerpo de la víctima, bastaría con ser hábil deshaciéndose de los cadáveres para que nunca se pudiera condenar a nadie por ningún crimen; es decir, se llegaría a una total impunidad y eso sería absurdo e injusto. Una ley de enjuiciamiento criminal no puede exigir que tenga que aparecer el cuerpo; el juicio se puede llevar a cabo y demostrar la culpabilidad del presunto homicida basándose –como en el caso real chileno que mencionábamos al comienzo– en la práctica de pruebas o en el testimonio de testigos.

En la jurisprudencia española sí que contamos con diversos ejemplos; alguno de ellos, muy conocido por la opinión pública como fue la famosa sentencia del Tribunal Supremo 4918/1990, de 25 de junio, que confirmó en casación la condena a un comisario y dos inspectores de policía a más de 29 años de reclusión como autores criminalmente responsables (…) de un delito de detención ilegal con desaparición forzada de Santiago Corella, el Nani, ocurrida el 13 de noviembre de 1983. El cuerpo se buscó en un descampado de Vicálvaro, dos pantanos de Jaén y Córdoba y la finca de un aristócrata andaluz, pero nunca apareció.

Este fue un caso muy divulgado por los medios de comunicación pero existen otros menos conocidos, como el que resolvió la sentencia del Tribunal Supremo 6179/1998, de 24 de octubre, condenando a un hombre por el secuestro del padre de su novia para pedir un rescate, porque los indicios positivos probados en la causa son en sí mismo suficientes para acreditar la autoría de, al menos, la privación ilegal de la libertad de la víctima, cuyo cuerpo tampoco llegó a aparecer. Según esta resolución, la total desaparición de éste [el Sr. J.C.] puede obedecer, como es lógico pensar, a un homicidio, pero -por ahora- ello no está probado. Pero, en todo caso, mientras no se pruebe el homicidio, está sin embargo probada la privación ilegal de su libertad, presupuesto necesario para su eventual homicidio.

Pero si hay un caso que forma parte del subconsciente colectivo español ese fue la desaparición del pastor José María Grimaldos López en el pequeño pueblo manchego de Tresjuncos, durante el verano de 1910, a quien se supuso muerto violentamente. La Guardia Civil acabó deteniendo tanto al mayoral de la finca, León Sánchez Gascón, como al guarda, Gregorio Valero Contreras, y después de someterles a todo tipo de torturas –confesión arrancada en el sumario mediante violencias inusitadas, señaló el decreto que los indultó– confesaron un crimen que no habían cometido y permanecieron casi cinco años recluidos hasta que la Audiencia Provincial los enjuició, condenándoles el 23 de mayo de 1918 a 18 años de cárcel. Aunque al final fueron indultados en 1925, un año más tarde, el pastor Grimaldos apareció vivo por el pueblo, buscando una partida de bautismo en su parroquia. Ante el clamor popular, el Supremo anuló aquella sentencia condenatoria de la Audiencia y, durante la II República, una ley de 10 de diciembre de 1935 indemnizó a los dos reos con una pensión personal, inalienable e inembargable de 3.000 pesetas anuales por el error judicial conocido como el Crimen de Cuenca.

Desde entonces, aunque hubo un tiempo en que los jueces se lo pensaban dos veces antes de condenar a nadie sin hallar el cuerpo de la víctima; hoy en día, como hemos visto, se puede probar, al menos, el secuestro o la detención ilegal y condenar al agresor por esos delitos. 

El Art. 1 de Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –de 10 de diciembre de 1984– la define como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

En esa misma línea, una segunda definición del concepto de tortura procede del Art. 7.2º.e) del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998: se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. El Art. Art. 7.1º.f) de este mismo Estatuto incluye la tortura dentro de los crímenes de lesa humanidad (uno de los cuatro supuestos que son competencia de este tribunal, junto al genocidio, los crímenes de guerra y el de agresión).

Ambas definiciones coinciden en la intencionalidad y la gravedad de los actos físicos o mentales que se infligen –más allá de los que sean inherentes a una sanción lícita– pero se diferencian en que la Convención de la ONU requiere un propósito (un listado de fines que tampoco debe entenderse de manera exhaustiva) mientras que el Estatuto de la CPI no requiere ese mismo ánimo ni tampoco menciona la intervención de funcionarios públicos sino que establece una responsabilidad personal, de quien tenga al acusado bajo su custodia o control, en lugar de una responsabilidad del Estado.

En el ámbito europeo, contamos con el Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950 (Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes)desarrollado por el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, de 1987; y con el Art. 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (con la misma redacción); pero ninguno de estos instrumentos jurídicos la definió.

Gracias a la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha configurado el criterio para distinguir entre la tortura y cualquier otro trato inhumano o degradante; al atribuirle a ésta un estigma especial porinfligir deliberadamente un trato inhumano que causa un sufrimiento muy grave y cruel; es decir, que, según la intensidad de la gravedad, la tortura sería la forma más agravada de los tratos inhumanos.

En la Unión Europea, la prohibición de la tortura tiene carácter absoluto; no admite ninguna excepción ni restricción, ni aun en tiempo de guerra o de emergencia nacional; es intangible al ser humano, con efectos erga omnes, independiente del comportamiento de la víctima (incluso enlas circunstancias más difíciles, como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado)y siendo irrelevante, en este caso, la naturaleza del hecho que, supuestamente, haya cometido. De este modo, se consagra como uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas.

Con una media de 69 mujeres asesinadas en España por sus parejas, durante el quinquenio 2006-2010 –según los datos del portal en internet del Ministerio de Igualdad– resulta casi imposible delimitar si alguno de esos crímenes también estuvo relacionado con la honorabilidad de la familia de la víctima; una dificultad que se pone de manifiesto en uno de los escasos supuestos que ha trascendido a los medios de comunicación. Sólo tenemos que analizar el tratamiento periodístico que dio la prensa a un caso que sucedió el 29 de julio de 2009.

El periódico bilbaíno El Correo publicó la siguiente noticia: Asesta 20 cuchilladas a su hija al descubrir que salía con un joven que no es musulmán; a continuación, J. Domínguez informaba en su crónica que el agresor era un hombre de 43 años que imponía estrictas normas religiosas a su familia y que fue detenido –en estado de embriaguez– acusado de asestar una veintena de navajazos a Mumai, su hija de 20 años, en el domicilio familiar de la localidad vizcaína de Portugalete, al descubriruna foto que demostraba la relación de su hija con un joven que no es musulmán. Con esos datos y conociendo los precedentes de asesinatos similares ocurridos en toda Europa, nos encontraríamos ante un intento frustrado de crimen de honor; sin embargo, en otro medio de comunicación –el diario Público– Kike Alonso firmaba la misma noticia pero planteándola como un choque generacional, una discusión que tuvo su origen en el choque cultural entre las dos generaciones de esta familia de origen magrebí. Yendo más allá, en el diario El País, sus redactores escribieron Una mujer grave tras recibir de su padre 20 puñaladas y no dudaron en calificarlo como unatragedia sufrida por esta familia de origen magrebí, que aumenta los casos de violencia doméstica; finalmente, la redacción de El Mundo abordó la noticia de la siguiente manera: Asesta 20 navajazos a su hija y hiere a otros dos hijos en Portugalete: Un hombre de 43 años de edad fue detenido hoy en Portugalete (Vizcaya) acusado de asestar 20 navajazos a una de sus hijas y causar lesiones a otros dos, según informó la Ertzaintza (…) La Policía vasca le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa y dos delitos de lesiones. Leyéndolo así, esta agresión sería, sin duda, un triste ejemplo de violencia de género.

Este es el único ejemplo que conozco en España que podría ajustarse a la definición de crimen de honor (afortunadamente, en grado de tentativa) aunque, por supuesto, las mujeres han sufrido otras agresiones: recordemos a Fatima Ghailan, la musulmana de Cunit (Tarragona) que denunció a su imán por amenazas, coacciones y calumnias en enero de 2010 (el religioso le reprochaba que vistiera sin velo y que se relacionara con españoles no musulmanes); o aquella española que fue secuestrada a punta de cuchillo en Nuakchot (Mauritania) por un sirio que pretendía casarse con ella a la fuerza, en mayo del mismo año. No son crímenes de honor sino casos de maltrato psicológico o de agresión física que manifiestan una violencia de género contra estas mujeres simplemente por su condición de ser mujer. De ahí la dificultad de discernir en España entre esa violencia y los crímenes motivados por el honor familiar.

Los autores de estos asesinatos tienen una creencia social, muy arraigada en determinadas culturas, según la cual los miembros varones de una familia (generalmente, el padre o los hermanos, pero también pueden ser los tíos o primos) deben velar por la reputación de sus mujeres para proteger el honor de toda la familia; y eso significa que si los hombres consideran que una mujer de su linaje ha transgredido sus normas sociales –por negarse a contraer un matrimonio concertado, pedir el divorcio, sorprenderla en adulterio, haber sufrido una agresión sexual, mantener relaciones homosexuales, enamorarse de alguien ajeno a su mismo origen étnico o, simplemente, por haberse occidentalizado demasiado– su deber es controlar sus movimientos, inculcarle una disciplinarla, castigarla y, en último término, incluso matarla; por ese motivo, el móvil del crimen puede ser cualquier hecho que los miembros varones de la familia consideren vergonzoso o deshonroso.

En Europa, lamentablemente, encontramos demasiados ejemplos de estos crímenes: Fadime Şahindal fue asesinada en Upsala, Suecia, en 2002; Abbas Rezai (Hogsby, Suecia, 2005); Ghazala Khan (Copenhague, Dinamarca, 2005); Hatun Sürücü (Berlín, Alemania, 2005); Nuziat Khan (Londres, Gran Bretaña, 2001); Heshu Yones (Brádford, Gran Bretaña, 2005); Nosheen Butt (Módena, Italia, 2010); Samira Bari (Vaucluse, Nimes, Francia, 2003); etc.

¿Cuál es la situación en España? Como sucede con las meigas, los crímenes de honor haberlos, haylos; aunque son muy escasos en comparación con otros países de nuestro entorno. El asesinato más famoso fue, probablemente, el que inspiró a Federico García Lorca el drama en verso de sus Bodas de sangre, basado en el crimen de Níjar (Almería) que ocurrió en julio de 1928, cuando una novia se fugó con su amante pero la familia del novio los sorprendió huyendo; a él lo mataron y a ella la dieron por muerta.

Hoy en día, el problema estriba en la dificultad de identificar estas agresiones en un contexto donde se difuminan con demasiada facilidad: la violencia de género; por ejemplo, el auto del Tribunal Supremo 2473/2010, de 4 de marzo, inadmitió un recurso de casación interpuesto por un ciudadano marroquí, residente en Andalucía, que fue condenado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 4 de mayo de 2009, como autor de un delito de maltrato habitual, de un delito de amenazas graves no condicionales y de un delito intentado de homicidio –contra su pareja de hecho, una compatriota a la que había conocido recolectando fresas en Huelva– concurriendo en este último la agravante de parentesco y sin circunstancias modificativas de su responsabilidad en los otros dos, a las penas de dos años y nueve meses de prisión por el delito de maltrato habitual, de un año de prisión por el delito de amenazas y de ocho años de prisión por el delito de homicidio intentado. Leyendo tanto el auto como la sentencia, se trata de un lamentable caso de violencia de género en el que, simplemente, coincide que el agresor y la víctima son musulmanes.

Y es que, en la Unión Europea, los crímenes de honor sufren el estigma de relacionarse irremediablemente con el Islam, a pesar de que afectan a todas las creencias, de modo que la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tuvo que puntualizar en 2003 que la mayoría de los casos registrados en Europa se han dado entre musulmanes o en las comunidades de inmigrantes musulmanes aunque los llamados "crímenes de honor" tienen raíces culturales y no religiosas y se cometen en todo el mundo (principalmente en las sociedades o comunidades patriarcales).

Este fue el impactante título del óleo que Norman Rockwell (1894-1978) pintó para la revista Look en enero de 1964; en pleno debate sobre la segregación racial en el Sur de los Estados Unidos. El cuadro muestra a una decidida niña negra –Ruby Bridges (1954)– vestida de blanco inmaculado, mientras va a clase, escoltada por cuatro miembros de los US Marshall, en un colegio donde hasta ese momento no se permitía el acceso a los afroamericanos. El artista representó a los cinco personajes caminando por delante de una pared donde alguien ha lanzado un tomate junto a una despectiva pintada en la que aún puede leerse NIGGER –traducible al castellano como NEGRATA– escrita en mayúsculas por la racista y hostil sociedad de Luisiana de los años 60.

Una de las directrices políticas de la Unión Europea consiste en trabajar en favor de la abolición universal de la pena de muerte; de hecho, afortunadamente, ya se encuentra abolida en los 27 Estados miembros y, salvo en el caso de Bielorrusia, ningún otro país del Viejo Continente practica la pena capital en la actualidad; aun así, en el mundo todavía se ejecuta en muchas naciones retencionistas, desde los Estados Unidos hasta China pasando por Japón, India, Arabia Saudí o Irán.

En el marco del Derecho Comunitario Europeo, el 1 de diciembre de 2009 entró en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales que, al proclamar el derecho a la vida (Art. 2) también afirma que Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado; asimismo,el Art. 19.2 sobre la protección en caso de devolución, expulsión y extradición establece que Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes; de esta forma se incorporó la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la llamada protección subsidiaria.

El considerando 13º de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002, sobre la orden de detención europea (la euroorden) y los procedimientos de entrega entre Estados miembros, siguió esa misma línea al afirmar que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

En la práctica, esto significa que cuando el 25 de junio de 2003, la abolicionista Unión Europea firmó un acuerdo de extradición con los retencionistas Estados Unidos, Bruselas estableció unas condiciones especiales a Wáshington a la hora de enviar a un detenido al otro lado del Atlántico. El Art. 13 de este acuerdo se dedica, específicamente, a la pena capital, regulando que: Cuando el delito por el que se solicita la extradición pueda ser castigado con la pena de muerte, según la legislación del Estado requirente, y no sea punible con la pena de muerte con arreglo a la legislación del Estado requerido, éste podrá conceder la extradición con la condición de que no se imponga la pena de muerte a la persona en cuestión, o, si por motivos de procedimiento el Estado requirente no puede cumplir dicha condición, con la condición de que, de imponerse la pena de muerte, la misma no se ejecutará. Si el Estado requirente acepta la extradición con las condiciones establecidas en el presente artículo, dicho Estado cumplirá con las condiciones. Si el Estado requirente no acepta las condiciones, se podrá denegar la solicitud de extradición. Un nuevo acuerdo de asistencia judicial en materia penal suscrito por la Unión Europea y los Estados Unidos el 23 de octubre de 2009 (la Decisión 2009/820/PESC) reafirmó esa idea: los 27 Estados europeos concederán la extradición si el Gobierno norteamericano no le impone la pena de muerte al sujeto extraditado o, en caso de que se le imponga, que no sea ejecutado.

En cuanto a la relación con el resto de países del mundo, la Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril, estableció los requisitos para reconocer el estatuto de refugiado o depersona que necesita otro tipo de protección internacional a los nacionales de terceros países o apátridas. Se les concederá la protección subsidiaria y no serán extraditados si concurre alguno de estos tres daños graves: a) la condena a la pena de muerte o su ejecución; b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen; o c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.

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