In Albis

El lenguaje jurídico es en general preciso, pero no se salva de las excepciones y esta sería una de ellas. La conocida como prueba “pericial caligráfica”, no trata jamás sobre lo que etimológicamente indica la palabra caligrafía (escritura bella), generalmente se refiere a la identificación de escrituras y, preferentemente, de firmas.

Cuando se regula la comprobación del delito y la averiguación del delincuente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (enunciado que no puede ocultar su origen decimonónico, porque en la LECr española aún conviven normas de tres siglos distintos) se dedican cinco artículos al careo de los testigos y los procesados (Arts. 451 a 455 LECr). El primero de ellos establece que cuando los testigos o los procesados entre sí o aquéllos con éstos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario, podrá el Juez celebrar careo entre los que estuvieren discordes, sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a la vez.

Cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo se le pudiera relacionar con la prueba nula, debía ser igualmente, estimada nula; es decir, si la obtención de una prueba no supera un control de legalidad –por ejemplo, si se obtuvo vulnerando el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio (Art. 18 de la Constitución)– se convierte en ilegítima y su nulidad insubsanable, (…) arrastrará a todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas y derivadas [sentencia 4735/2012, de 21 de junio, del Tribunal Supremo, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia]. Esta posibilidad de extender los efectos de una prueba declarada nula recibe el metafórico nombre de la doctrina de los frutos del árbol envenenado; en el sentido comparado de que si un árbol se emponzoña, todos los frutos que den sus ramas también estarán corrompidos.

Resumen: Al hilo de un artículo que publica la Revista al respecto de la consideración de domicilio de la celda de un recluso, y sentada ya Jurisprudencia Constitucional de que la misma  no tiene tal consideración, el Autor trata de analizar la validez jurídica de posibles hallazgos o indicios de delito en un registro administrativo, realizado en la misma, de cara a un posible proceso penal.

Juan Antonio Carreras Espallardo. Policía Local - Criminólogo

Las pruebas aportadas por los detectives privados en el proceso civil han sido históricamente discutidas, sobre todo en la justificación del valor probatorio de las mismas, amén de la naturaleza que hemos de conferirles. Se discute si las pruebas que aportan, sus informes, tienen el valor de documentales, testificales o periciales.

Si partimos de la base, de lo más elemental, nos encontramos con que la Constitución Española es la primera en reconocer el derecho de las partes del proceso judicial a aportar los medios de prueba que consideren pertinentes para defenderse, por eso sí, siempre que sean pertinentes, ya que no es un derecho pleno que reconozca todo tipo de pruebas, y ya estamos pensando en esas que se obtienen de forma ilícita.

El cadáver se halla a un lado de la cama. Un armario, una mesa y una silla completan el mobiliario de tan adusta dependencia. Mientras los investigadores indagan sobre la tormentosa vida conyugal de la víctima, los especialistas de policía científica continúan con su labor, examinando la escena, tomando fotografías y realizando un reportaje videográfico. Un arma de fuego corta asoma tras el cuerpo de la víctima, y al otro lado de la habitación, sobre una puerta, se adivina la oquedad dejada por un proyectil, el cual, no ha sido encontrado... todavía. ¿Suicidio? ¿Asesinato? Encima de la mesa hay un ordenador portátil y un teléfono móvil. Todas las evidencias lofoscópicas, biológicas y balísticas se recogen aplicando las técnicas adecuadas, pero... ¿qué hacer con el ordenador?... ¿Qué hacer con el teléfono móvil?...

Introducción

La evolución de la actividad profesional del detective privado en los últimos años ha sido de gran relevancia. Antes relegado únicamente a las investigaciones referentes a temas de familia y, hoy en día, inmerso en la obtención de información sobre aspectos tan distintos como el blanqueo de capitales, la estafa, el delito urbanístico, el fraude a la Seguridad Social, etc.

Todo esto nos ha llevado a que los requisitos para poder ejercer como detective privado en España se hayan endurecido. Hace unas décadas era suficiente carecer de antecedentes penales y solicitar una autorización administrativa. Actualmente, hay que estar en posesión del Bachiller Superior y superar tres años de estudios en la Universidad.

Esto ha implicado que los detectives privados de hoy en día tienen una mayor formación, siendo incluso, la cualificación de un detective español muy superior a la del resto de sus colegas europeos.