In Albis

Dicen que no existe el crimen perfecto, que cuando no se resuelve un delito es por una mala investigación, imperfecta pues. Los asesinatos, las violaciones,  los secuestros y demás sucesos no se resuelven como en CSI, metiendo datos en un ordenador y obteniendo un nombre y una localización. El proceso es más complejo. Tiempo que pasa es la verdad que huye, como decía el criminalista francés Edmond Locard. Cada segundo que pasa es fundamental y hay que analizar todas las pruebas en profundidad.

El 24 de enero de 2003, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebró un pleno no jurisdiccional de unificación de criterios –para las resoluciones que dictasen relativas a los delitos contra la salud pública– en el que acordó dirigirse al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que fuese este organismo –que depende del Ministerio de Justicia– quien propusiera unos mínimos, científicamente considerados, como exentos de cualquier afectación a la salud de las personas; es decir, establecer el umbral toxicológico en el que las drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas afectan a las funciones físicas o psíquicas de una persona. El 13 de enero de 2004, una Comunicación del Servicio de Información Toxicológica del Instituto entregó al Supremo el cuadro con las dosis mínimas psicoactivas de las principales sustancias tóxicas que son objeto del tráfico de drogas y, seis días más tarde, la sentencia del Tribunal Supremo 126/2004, de 19 de enero, incorporó aquellos criterios en su fundamentación.