El  derecho penitenciario que en la normativa española -Ley penitenciaria 1/1979- aparece como un derecho individualizado, donde el cumplimiento de la pena privativa de libertad se vincula a la personalidad del autor -principio de individualización científica- se está transformando en un “derecho penitenciario de estatus” para quienes han cometido un delito relacionado con el denominado fenómeno de la “corrupción política, dado que la forma de cumplir la pena los autores de estos delitos se vincula al colectivo al que pertenecen, lo que supone que en el contexto del cumplimiento de la pena, el “derecho penitenciario de estatus” operaría con criterios semejantes al conocido como “derecho penal de autor”.

Hace unos días, coincidiendo con la finalización del año, me dispuse a ver un documental que hasta ahora me había pasado inadvertido: “Ciutat Morta”, que así se llama el filme, y que recibió entre otras distinciones la del premio al mejor documental del Festival de Málaga en 2014.

A lo largo de los últimos días existe un boom mediático con operaciones policiales contra la corrupción y por el monográfico del Congreso de los Diputados sobre este tema. Los medios se hacen eco de múltiples tramas corruptas de nuestros políticos. Pero, ¿este efecto hará que podamos prevenir mejor estas conductas?, ¿nos olvidaremos de ello en unos días y todo seguirá igual?, ¿es posible prevenirlo?, ¿cómo me afecta cómo ciudadano?, ¿las medidas porpuestas por el gobierno serán efectivas?. Para contestar a estas preguntas se expondrá lo que empezamos a saber en Criminología sobre estos delitos, la opinión pública al respecto y las medidas preventivas a aplicar, desde un punto de vista de efectividad científica.