El pasado 6 de noviembre el diario ABC nos sorprendía con la noticia de que la Conferencia General de Educación recomendaba que las Comunidades Autónomas incluyan “el requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual”.