El pasado viernes, el  gobierno aprobó el Estatuto de la víctima del delito, para reforzar sus derechos y garantías procesales. Esta norma hace de España el primer país en incorporar a su derecho interno, la directiva 2012/29/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas de delitos y por la que se sustituyó (aunque algunos, aún hoy no se han enterado) la decisión marco 2001/220/ JAI del Consejo.

La importancia de esta norma puede enfocarse desde un punto de vista estrictamente victimológico o también desde una perspectiva mixta restaurativa-victimológica.