I. PLANTEAMIENTO

Tradicionalmente, se han venido manteniendo dos concepciones contrapuestas en relación con el fin de las penas. Para una de ellas, la finalidad de la pena es la expiación o retribución, es decir, el castigo que ha de imponerse necesariamente a la persona que haya cometido un delito como consecuencia del mal causado.  Para la otra concepción, el fin de la pena radica en la prevención del delito, esto es, en disuadir, en hacer desistir al autor de la perpetración de futuros delitos, resultado que puede lograrse por diferentes vías: una la de la prevención general y otra la de la prevención especial.

No es la primera vez que se redacta un libro que integre, defina y explique la reacción del ordenamiento jurídico español en relación a un tema específico, pero hay que agradecer la existencia de uno que trate este tema en concreto, máxime cuando el Código Penal parece encaminarse a una punición más elevada, apostando la próxima reforma por la privación de libertad.

Tomás Montero admite la tímida apertura del Código Penal a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, si bien esa apertura evidencia un sistema en crisis que la criminología reitera debería ser el último recurso por ser el más lesivo y el menos útil. El autor toma inmediatamente la medida estrella[1], la mediación, como la clase de alternativa recomendada pero menos usada en neustro marco jurídico.