El Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, creó este órgano jurisdiccional concibiéndolo sobre el modelo de las clásicas Audiencias, en cuanto órganos colegiados de la Administración de Justicia, y sin más diferencia que la de su ámbito territorial, pues mientras éstas ejercen su jurisdicción sobre una parte del territorio nacional, aquélla la extiende a la totalidad de él; con la finalidad de dedicarse al conocimiento de nuevos modos de delincuencia, de extensión e intensidad desconocidas hasta hace poco tiempo. Unas modalidades delictivas para cuya investigación y enjuiciamiento resulta inadecuada una Administración de Justicia organizada en Juzgados y Audiencias de competencia territorial limitada, por lo que se decidió establecer en Madrid un único tribunal centralizado y especializado para el conocimiento de determinadas materias establecidas por la Ley (actualmente, son las atribuciones previstas en los Arts. 62 a 69 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

La Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar (CPM) castiga las acciones y omisiones, dolosas o culposas, que se castigan como delitos militares. Al regular las penas que se pueden imponer a los delitos comprendidos en este Código, el Art. 24 establece que dichas penas principales pueden ser: la prisión (en general, la pena de privación de libertad impuesta a militares oscila, según los delitos, entre los tres meses y un día y los veinticinco años y se cumplen en los establecimientos penitenciarios militares que determine el Ministerio de Defensa), la pérdida de empleo (que produce la baja del penado en las Fuerzas Armadas, con privación de todos los derechos adquiridos en ellas, excepto los pasivos), la inhabilitación definitiva para mando de buque de guerra o aeronave militar, el confinamiento (de seis meses y un día a seis años) o el destierro (de tres meses y un día a seis años). Sorprende descubrir que, en pleno s. XXI, un militar aún pueda ser desterrado.

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