El 3 de junio de 2004, el señor Panayiotis Agapiou Panayi –alias Kafkaris– presentó una demanda contra el Gobierno de Chipre en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que la condena a cadena perpetua que cumplía en la Prisión Central de Nicosia violaba sus derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos; en concreto, el Art. 3 de esta Convención: Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. La condena se le impuso el 9 de marzo de 1989, cuando Kafkaris –un sicario que nunca reveló el nombre de la persona que lo había contratado– fue juzgado por colocar un explosivo debajo del coche de Mr. P. Michael, un influyente hombre de la clase alta chipriota, el 10 de julio de 1987, causándole la muerte a él y a otros dos ocupantes (los dos hijos menores de la víctima, de 11 y 13 años). De acuerdo con el Código Penal de este país, el asesino fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de la ciudad de Limasol.

El TEDH analizó la legislación de Chipre [Sección 203 (2) de su Código Penal: Cualquier persona que sea declarada culpable de asesinato premeditado será castigada a cadena perpetua] y el 12 de febrero de 2008 concluyó que la imposición de esta pena a un delincuente adulto, no está prohibida ni resulta incompatible con el Art. 3 o cualquier otro artículo de la Convención (…) sin embargo, el Tribunal también declara que la imposición de una pena de cadena perpetua irreducible en un adulto sí que puede plantear una cuestión en virtud del Art. 3; es decir, que el elemento que debemos tener en cuenta es ese carácter de irreductibilidad (la “esperanza de liberación”): si la legislación nacional del Estado que haya impuesto la cadena perpetua prevé la posibilidad de llegar a revisar, en algún momento, la reclusión de por vida para lograr su conmutación, terminación o la libertad condicional del recluso, con eso bastará para satisfacer el Art. 3 y que la cadena perpetua no sea considerada un trato inhumano o degradante.

Dada la importancia de esta cuestión, numerosos jueces del propio TEDH mostraron sus discrepancias con el veredicto. En concreto, el juez Nicolas Bratza señaló que Considero queha llegado el momento en que la Corte debe afirmar claramente que la imposición de una pena de cadena perpetua irreducible, incluso en un delincuente adulto, es en principio incompatible con el Art. 3 de la Convención. Una sentencia "irreductible" equivale a (…) una sentencia para toda la vida del delincuente, sin "posibilidad" o "esperanza" o "perspectiva" de liberación.

            El pasado mes de febrero publiqué la primera entrega de esta serie de pequeños artículos que tratan de dar a conocer algunas expresiones propias del mundo penitenciario.

 

Como cada grupo social, la subcultura carcelaria ha generado, con el paso de los años, formas de expresión propias, un lenguaje que permite a sus miembros sentirse parte integrante de un grupo y que de alguna manera contribuyen a distanciarse del personal penitenciario, con el conviven   a diario.

Los últimos años el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han venido a  establecer profundos cambios en criterios consolidados sobre la forma de computar los tiempos de cumplimiento de las condenas, modificando de forma sustancial las expectativas de muchos condenados.

 

  Primero fue el Tribunal Supremo quien por Sentencia de 28 de febrero de 2006 vino a establecer la popularmente conocida como “doctrina Parot”, en la que, sin que nadie le preguntara, determinó la forma en que habían de computarse los beneficios penitenciarios en los casos de condenas acumuladas al amparo del artículo 70 del CP de 1973. Este criterio acercaba a los condenados por ese Código a lo previsto en el artículo 78 del nuevo tras la reforma llevaba a cabo por la ley para el cumplimiento íntegro y efectivos de las penas.

La política criminal en España ha estado presidida, en los últimos años, por el principio de “tolerancia cero”, lo que se ha traducido en un progresivo aumento de la dureza de nuestro sistema penal, fruto de las continuas reformas que ha experimentado el Código Penal, y que se inició con su publicación que vino a suponer una aparente reducción de las penas previstas para los delitos. Y digo aparente porque la minoración de su duración se acompañó, acertadamente, de la desaparición de la redención de penas por el trabajo, cuya aplicación se había ido degenerando con el paso de los tiempos, hasta convertirse en un “café para todos”, perdiendo el significado que en sus orígenes había tenido.

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