“CASO DEL RIO PRADA”

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos humanos (TEDH) ha dictado el pasado día 21 de octubre de este año 2013, una sentencia que por su carácter de firmeza cierra definitivamente el periplo judicial de la denominada “doctrina parot”. La sentencia que considera que ha existido una aplicación retroactiva de una reforma penitenciaria durante la ejecución penal, llevada a cabo por una nueva interpretación jurisprudencial, puede tener algunas importantes consecuencias en el ordenamiento jurídico español.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio a conocer el día 21 de octubre su sentencia sobre la Doctrina Parot y confirma su condena a España por aplicarla a la terrorista Dolores del Rio.

Tengo claro que muy probablemente no debería estar escribiendo sobre este tema, no solo por ser muy complicado, al haber mucha sensibilidad acumulada durante años sino porque deberíamos dejar de dar publicidad y normalizar esta sentencia, para no hacer más daño a las víctimas. Y es que siempre es complicado conjugar el respeto a los derechos de las víctimas, máxime cuando se trata de delitos muy graves, con lo que se considera ajustado a derecho.

Durante los últimos dos días, muchos me han tachado de inmoral por mostrarme abiertamente a favor de la revocación de dicha jurisprudencia. Aquí no voy a dar argumentos personales ni puramente criminológicos (sobre lo cual pido perdón por escribir una primera entrada tan poco criminológica) a favor ni en contra de la tumbada de esta Doctrina, ya que ambos posicionamientos son fuertemente defendibles desde ambos puntos de vista, tan solo voy a analizar objetivamente, y desde los principios del Código Penal, el por qué de mi posicionamiento a favor de la revocación.

Sobre la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero

1.- Planteamiento del tema

La orientación resocializadora de la pena privativa de libertad que establece nuestra Constitución en su artículo 25 (CE) requiere, entre otras actuaciones, establecer una limitación en la duración máxima de la pena de privativa de libertad para evitar que una persona pueda pasar tantos años en prisión que al salir en libertad resulte ya irrecuperable socialmente. Estas limitaciones están establecidas en nuestro Código Penal conforme al criterio general de que a un sólo hecho corresponde la imposición de una sola pena y que en el supuesto de pluralidad de hechos independientes cada uno merece una pena individual.

   El 28 de febrero de 2006 la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó un Auto en el que establecía que la redención de penas por trabajo establecida en el art. 100 del antiguo Código Penal había que computarla a partir del total de la condena impuesta en la Sentencia en lugar de hacerlo a partir del límite máximo de 30 años establecido en el art. 70.2º del mismo Código Penal. Como consecuencia de esta resolución, el etarra Henri Parot, sanguinario asesino, debía permanecer en prisión unos años más. Es la denominada "doctrina Parot".

Los últimos años el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han venido a  establecer profundos cambios en criterios consolidados sobre la forma de computar los tiempos de cumplimiento de las condenas, modificando de forma sustancial las expectativas de muchos condenados.

 

  Primero fue el Tribunal Supremo quien por Sentencia de 28 de febrero de 2006 vino a establecer la popularmente conocida como “doctrina Parot”, en la que, sin que nadie le preguntara, determinó la forma en que habían de computarse los beneficios penitenciarios en los casos de condenas acumuladas al amparo del artículo 70 del CP de 1973. Este criterio acercaba a los condenados por ese Código a lo previsto en el artículo 78 del nuevo tras la reforma llevaba a cabo por la ley para el cumplimiento íntegro y efectivos de las penas.