No es la primera vez que se redacta un libro que integre, defina y explique la reacción del ordenamiento jurídico español en relación a un tema específico, pero hay que agradecer la existencia de uno que trate este tema en concreto, máxime cuando el Código Penal parece encaminarse a una punición más elevada, apostando la próxima reforma por la privación de libertad.

Tomás Montero admite la tímida apertura del Código Penal a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, si bien esa apertura evidencia un sistema en crisis que la criminología reitera debería ser el último recurso por ser el más lesivo y el menos útil. El autor toma inmediatamente la medida estrella[1], la mediación, como la clase de alternativa recomendada pero menos usada en neustro marco jurídico.

         La búsqueda de alternativas a la prisión es una tendencia constante entre criminólogos y penalistas debido a la constatación general de que esta pena es cruel y contraproducente. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad es una de las alternativas, ya que es más respetuosa con los derechos de los condenados y presenta una tasa de reincidencia menor que la cárcel[i]. Esta pena ya supone el 25% de las condenas[ii] en nuestro país pero está regulada de forma deficiente y no tiene el efecto resocializador que debería. Veamos si esto tiene solución.

I.- Planteamiento de la problemática

La atención preferente en España a los delitos contra la seguridad vial se ha evidenciado en los últimos años en distintas actuaciones del Estado, entre ellas podemos citar:

El endurecimiento en la normativa de tráfico.

La implicación de la Fiscalía del Estado de Seguridad Vial.

La preparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La concienciación de asociaciones de víctimas y medios de comunicación.

Todas estas actuaciones que son sobradamente conocidas han dado como resultado positivo el considerable descenso de accidentes de tráfico con la consiguiente disminución de víctimas de los mismos. Sin embargo, existe otra importante intervención del Estado que tiene como atención preferente la delincuencia vial y que es menos conocida, es la intervención tratamental que con la delincuencia vial que se realiza en el medio penitenciario.