Sobre la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero

1.- Planteamiento del tema

La orientación resocializadora de la pena privativa de libertad que establece nuestra Constitución en su artículo 25 (CE) requiere, entre otras actuaciones, establecer una limitación en la duración máxima de la pena de privativa de libertad para evitar que una persona pueda pasar tantos años en prisión que al salir en libertad resulte ya irrecuperable socialmente. Estas limitaciones están establecidas en nuestro Código Penal conforme al criterio general de que a un sólo hecho corresponde la imposición de una sola pena y que en el supuesto de pluralidad de hechos independientes cada uno merece una pena individual.

Los últimos años el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han venido a  establecer profundos cambios en criterios consolidados sobre la forma de computar los tiempos de cumplimiento de las condenas, modificando de forma sustancial las expectativas de muchos condenados.

 

  Primero fue el Tribunal Supremo quien por Sentencia de 28 de febrero de 2006 vino a establecer la popularmente conocida como “doctrina Parot”, en la que, sin que nadie le preguntara, determinó la forma en que habían de computarse los beneficios penitenciarios en los casos de condenas acumuladas al amparo del artículo 70 del CP de 1973. Este criterio acercaba a los condenados por ese Código a lo previsto en el artículo 78 del nuevo tras la reforma llevaba a cabo por la ley para el cumplimiento íntegro y efectivos de las penas.