La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, modificó el régimen del aborto en España. En su preámbulo, afirmó que La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

Para reforzar la seguridad jurídica a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que en este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada; y que una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo. Así lo estableció la Corte de Estrasburgo en el caso Tysiac contra Polonia, de 20 de marzo de 2007, cuando Alicja Tysiac quiso abortar por motivos de salud –sufría una miopía severa que se agravó al quedarse embarazada– pero, por culpa de las desavenencias de los médicos a la hora de practicarle o no ese aborto terapéutico, la mujer acabó perdiendo la vista.

Un año más tarde, la Resolución 1607 (2008), de 16 abril, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el Acceso a un aborto sin riesgo y legal en Europa reafirmó el derecho de todo ser humano –y, en particular, de las mujeres– al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo; y, en ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada. Como consecuencia, invitó a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables.

En el ámbito concreto de la Unión Europea, la regulación del aborto no es competencia de Bruselas sino de cada uno de los legisladores nacionales, lo que da lugar a un margen de divergencia en la normativa aplicable en los 27 Estados miembros que, no obstante, podemos encuadrar en tres grandes grupos:

2) Los veinte países que lo autorizan, a petición de la embarazada, mediante un sistema de plazos en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de la gestación: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia; así como España, desde el 5 de julio de 2010, cuando entró en vigor la actual normativa de plazos (14 semanas). Fuera de ese límite de tiempo, se establecen supuestos excepcionales (riesgo para la salud de la madre, anomalías fetales, enfermedad incurable, etc.).

3) Y, por último, el único Estado miembro de la Unión Europea que todavía considera delito abortar: Malta. El Art. 241 de su Código Penal –según la enmienda introducida en 1981– establece que 1. Todo aquel que, por medio de cualquier comida, bebida, medicamento o por la violencia, o por cualquier otro medio, provoque el aborto involuntario de cualquier mujer embarazada, con el consentimiento o no de la mujer, será condenado a reclusión por un periodo de dieciocho meses a tres años. 2. La misma pena se concederá en contra de cualquier mujer que procurará su propio aborto involuntario, o que hayan consentido en el uso de los medios por los que se procure el aborto involuntario.

Fuera de la Unión Europea, en el Viejo Continente sólo se penaliza el aborto en Andorra (algo previsible teniendo en cuenta que uno de sus copríncipes es el Obispo de Seo de Urgell) y Liechtenstein (que rechazó despenalizarlo en un referéndum celebrado el 19 de septiembre de 2011).

En la regulación española de los delitos relativos a la prostitución, el Art. 188.1 del Código Penal tipifica, según la redacción dada a este precepto en 2003, que el que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

Hay un precepto en el Código Penal de 1995 de una enorme importancia  que es desconocido por la mayoría de los ciudadanos y que no ha sido puesto en práctica hasta ahora sencillamente porque el legislador no ha querido, porque lleva dieciseis años ignorándolo a propósito. Es el artículo 69 que dice textualmente: "Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo podrán aplicársele las disposiciones que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga".

Aunque nos hemos acostumbrado a asociar la piratería con la descarga de música en internet, utilizar el ordenador con programas de dudoso origen o comprar películas en un “top manta”, lo cierto es que los piratas existen y –como los de antaño que ondeaban la bandera de las tibias cruzadas bajo una calavera (la famosa Jolly Roger)– actualmente son una amenaza real en muchos rincones de la Tierra donde –igual que entonces– continúan asaltando barcos al abordaje. Según el IMB Piracy Reporting Centre –órgano de la Oficina Marítima Internacional (IMB) que vigila la piratería desde su sede en Kuala Lumpur (Malasia)– se recomienda navegar a más de 200 millas de la costa somalí, pero también de otros lugares donde se producen estos ataques, como Callao (Perú), las Antillas, Indonesia, el estrecho de Malaca, el mar de China o los golfos de Adén, Guinea o Bengala.

En España, los delitos contra la seguridad vial se regulan, actualmente, en los Arts. 379 a 385 ter del Código Penal de 1995, según la redacción y modificaciones que introdujeron dos leyes orgánicas posteriores, de 2007 y 2010; pero, ¿cuáles fueron sus antecedentes? ¿Desde cuándo se tipifican los delitos relacionados con el tráfico?

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