I.- El fundamento del traslado de personas condenadas

Podemos definir el traslado de personas condenadas, como un instituto por medio de cual se articula una solución jurídica que permite que un Estado ejecute una determinada pena impuesta por otro Estado distinto; que implica la transferencia únicamente para dicha ejecución, obviando la competencia del Estado de condena en aras de la vinculación del penado al Estado de residencia o nacionalidad, y previo consentimiento voluntario y expreso del propio penado.

La Justicia Penal Internacional

El principio de justicia universal se fundamenta en la idea de que ciertos delitos puedan ser sancionados por cualquier Estado, porque los infractores son enemigos de toda la humanidad y todas las Naciones tienen el mismo interés en su captura y castigo. Esta colaboración en materia penal es ya hoy una realidad palpable, que avanza, cada vez con más fuerza, hacia el objetivo de estrechar,  aún más, los lazos de colaboración entre los Estados con la finalidad de poder llegar, algún día, a un modelo de justicia penal internacional. Un hito importante en el logro de este objetivo lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de fecha 17 de julio de 1998.

altEn 2004, la policía holandesa detuvo a un hombre en la ciudad de Utrecht por mantener relaciones sexuales con el pony de su vecino; pero como la normativa de los Países Bajos no tipificaba el bestialismo como delito –igual que sucede hoy en día en España y en otros países– el detenido fue puesto en libertad. La noticia generó tal revuelo social que, finalmente, en febrero de 2010 el Senado holandés aprobó la prohibición de cometer actos indecentes con los animales así como distribuir, exhibir, fabricar, importar, exportar o transmitir en cualquier soporte actos lascivos en los que estén involucrados seres humanos y animales, con un ajustado margen de 39 votos a favor frente a 34 en contra.