Son muchos los ciudadanos chilenos que residen en el exterior y que en estos días hacen sentir con más fuerza su voz para participar del proceso eleccionario que se desarrolla en nuestro país. Muchos de ellos llevan años lidiando con un Estado sordo que les impide ilegítimamente ejercer sus derechos políticos, a pesar de que la Constitución Política de la República se los reconoce. Otros se suman con el vigor y la fuerza del que emprende una lucha justa de la cual no puede salir sino victoriosos. Ninguno se representa siquiera abandonar, por el contrario, todos unidos generan una fuerza común potente que convoca y compromete a quienes hemos escuchado sus voces, reconociendo en la justicia de su petición una evidente fisura democrática del sistema político, que debemos corregir.

 

La situación desbordada de la violencia originada por diversos factores, que “justifican” homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos y demás como habitualidad esencial del homo criminis, hace cada vez más difícil que los ciudadanos ejerzan su derechos elementales, ya no es posible transitar libremente por los senderos asfalticos, ni tampoco se puede introducir en determinadas regiones sin ser abordado inmediatamente por quienes, se han apropiado de tales tópicos, generando vacios en el Estado de Derecho.

Las consecuencias de la dejación del principio de legalidad en el Estado de Derecho

El  entusiasmo y la simpatía manifestada hacia el Movimiento pacifista, denominado “15-M” le ha convertido en el Movimiento violento y delictivo del “15-J”. Este movimiento calificado como el de los “indignados” ha pasado de ocupar de forma ilegal plazas públicas a impedir el normal funcionamiento de un Parlamento Autonómico incurriendo en el diversos delitos tipificados en nuestro Código Penal. 

Democracia ¿militante o indiferente?
Se viene hablando de la democracia militante desde mediados del siglo XX. Cuando finalizó la II Guerra Mundial –el conflicto más destructivo que ha vivido la humanidad: implicó a 70 países y causó más de 40.000.000 de muertos y una cifra similar de heridos y desplazados– la Constitución de la República Federal de Alemania (Ley Fundamental de 23 de mayo de 1949) incluyó un novedoso artículo sobre los partidos políticos en el que establece que son inconstitucionales los partidos políticos que, ya sea en sus objetivos, ya por el comportamiento de sus seguidores, se propongan dañar o eliminar el orden fundamental liberal y democrático o pongan en peligro la existencia de la República Federal de Alemania (Art. 21.2). Sin duda, los constituyentes alemanes aprendieron la lección histórica de cómo accedieron al poder los partidos comunistas, fascistas y nazis, a la hora de introducir este precepto que defiende la idea de que la democracia debe ser capaz de defenderse de quienes se aprovechan de ella para destruirla abusando del derecho. Esta democracia militante (en alemán: wehrhafte Demokratie) no tenía ningún antecedente en las declaraciones de derechos que se venían proclamando en todo el mundo desde finales del siglo XVIII.