Alrededor de 2.450 españoles se encuentran detenidos y presos en el extranjero y en torno a un centenar regresa cada año a España para cumplir su condena. La condición fundamental para que pueda solicitarse ese traslado es poseer la nacionalidad española y que exista un convenio firmado por ambos países que permita esa posibilidad. A estos efectos, España ha suscrito el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas -firmado por alrededor de sesenta países- y más de una veintena de acuerdos bilaterales. La gran mayoría de los presos españoles en el extranjero, más del 80 por ciento, se encuentra en prisión por delitos relacionados con las drogas. 

 

Desde finales de los años 60, los policías de Estados Unidos leen la famosa Declaración Miranda a todos los detenidos: Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a consultar a un abogado y a tenerlo presente cuando sea interrogado por la policía. Si no puede permitirse contratar a un abogado, le será asignado uno de oficio para representarle…Pero, ¿qué ocurre en España? El Art. 17.3 de la Constitución establece que Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 

Existen, en determinados sectores, una serie de dudas a la hora de establecer cuando y cómo procede la detención y cuándo ésta, por el contrario,  podría constituir una extralimitación  o incluso un desvalor penal que incurriese en el tipo de detención ilegal. Desde este breve trabajo tratamos de clarificar, a la luz del Derecho Sustantivo y la Doctrina Jurisprudencial, cuándo nos encontramos ante un supuesto en el que necesariamente se debe producir la detención y muy particularmente cuando se trata de intervenciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.