El Art. 32 del Código Penal español (que fue aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; aunque su articulado ha sido modificado, añadido y derogado en más de veinte ocasiones desde entonces) establece que las tres penas que se pueden imponer con arreglo a él –tanto con carácter principal como accesorias– son: 1) Las penas privativas de libertad (Arts. 35 a 38 CP): prisión, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa; 2) Las penas privativas de derechos (Arts. 39 a 49 CP): como, por ejemplo, la inhabilitación absoluta, la suspensión de empleo o la privación de la patria potestad; y 3) Las multas (Arts. 50 a 53 CP) que consisten en la imposición de una sanción pecuniaria al condenado, mediante el sistema de días-multa (salvo que la Ley disponga otra cosa).

Ser consciente de la “real” situación penitenciaria en nuestro país no es tarea fácil. Todos los días nos informan en los medios de comunicación de noticias concernientes a procesos penales sobre diversos tipos delictivos que en la mayoría de los casos la sanción que llevan aparejados estos delitos es la prisión. Lo que no nos paramos a pensar, y tampoco se nos informa de forma taxativa en estos medios son las consecuencias que tal aumento de población penitenciaria está llevando consigo. No somos conscientes de que dicho aumento está provocando el desbordamiento de las instituciones penitenciarias españolas. No hay capacidad suficiente para encerrar a tanta población penitenciaria.

Las consecuencias de la dejación del principio de legalidad en el Estado de Derecho

El  entusiasmo y la simpatía manifestada hacia el Movimiento pacifista, denominado “15-M” le ha convertido en el Movimiento violento y delictivo del “15-J”. Este movimiento calificado como el de los “indignados” ha pasado de ocupar de forma ilegal plazas públicas a impedir el normal funcionamiento de un Parlamento Autonómico incurriendo en el diversos delitos tipificados en nuestro Código Penal.