Durante los últimos dos días, muchos me han tachado de inmoral por mostrarme abiertamente a favor de la revocación de dicha jurisprudencia. Aquí no voy a dar argumentos personales ni puramente criminológicos (sobre lo cual pido perdón por escribir una primera entrada tan poco criminológica) a favor ni en contra de la tumbada de esta Doctrina, ya que ambos posicionamientos son fuertemente defendibles desde ambos puntos de vista, tan solo voy a analizar objetivamente, y desde los principios del Código Penal, el por qué de mi posicionamiento a favor de la revocación.

“El proceso penal no finaliza con el dictado de la sentencia”

1.- Planteamiento general

Cuando se impone una pena como consecuencia jurídica de la comisión de un delito finaliza un proceso con el dictado de la sentencia condenatoria correspondiente y se inicia otro con la etapa denominada de la ejecución penal, que finalizará con el cumplimiento de la pena impuesta.  Esta continuidad requiere de la característica de permanencia en todos los derechos y garantías que el ciudadano ha tenido en la etapa penal y procesal, entre ellas “el derecho a la defensa”, y esto no es una cuestión meramente dogmática, puesto que al considerar que el proceso penal no finaliza con el dictado de la sentencia, nos permite afirmar, que el sujeto condenado conservará todos los derechos y garantías desde el inicio de las primeras actuaciones judiciales con la etapa instructora hasta su regreso a la sociedad cuando obtenga la libertad después de cumplida la condena impuesta, que en definitiva es el objetivo de la etapa de la ejecución penal. 

Agreden brutalmente a una anciana de 95 años en un ascensor de su edificio. Una vez en el ascensor y sin mediar aviso, el hombre empezó a golpear con furia a la anciana en su rostro y cabeza. Al parecer, huyó a la carrera cuando entró un vecino en el inmueble”

“La Policía encontró ayer el cadáver del niño de tres años que buscaban desde el pasado viernes en el vertedero de Dos Aguas en Valencia. El menor estaba al cuidado de dos mujeres amigas de la madre”

Si uno consulta la prensa además de la crisis que copa la mayor parte de la información de los medios de comunicación, se pueden encontrar noticias estremecedoras como las dos que he elegido al azar.

“El control electrónico de la ejecución penal”
 

Resumen: La tecnología y sus avances cada día se están haciendo más presente en todos los aspectos de la vida humana, con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y facilitarnos nuestra actividad diaria. Este avance tecnológico, como no podía ser de otra manera, también se pone de manifiesto en el sistema penal.

Ser consciente de la “real” situación penitenciaria en nuestro país no es tarea fácil. Todos los días nos informan en los medios de comunicación de noticias concernientes a procesos penales sobre diversos tipos delictivos que en la mayoría de los casos la sanción que llevan aparejados estos delitos es la prisión. Lo que no nos paramos a pensar, y tampoco se nos informa de forma taxativa en estos medios son las consecuencias que tal aumento de población penitenciaria está llevando consigo. No somos conscientes de que dicho aumento está provocando el desbordamiento de las instituciones penitenciarias españolas. No hay capacidad suficiente para encerrar a tanta población penitenciaria.

La Justicia Penal Internacional

El principio de justicia universal se fundamenta en la idea de que ciertos delitos puedan ser sancionados por cualquier Estado, porque los infractores son enemigos de toda la humanidad y todas las Naciones tienen el mismo interés en su captura y castigo. Esta colaboración en materia penal es ya hoy una realidad palpable, que avanza, cada vez con más fuerza, hacia el objetivo de estrechar,  aún más, los lazos de colaboración entre los Estados con la finalidad de poder llegar, algún día, a un modelo de justicia penal internacional. Un hito importante en el logro de este objetivo lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de fecha 17 de julio de 1998.

altEn 2004, la policía holandesa detuvo a un hombre en la ciudad de Utrecht por mantener relaciones sexuales con el pony de su vecino; pero como la normativa de los Países Bajos no tipificaba el bestialismo como delito –igual que sucede hoy en día en España y en otros países– el detenido fue puesto en libertad. La noticia generó tal revuelo social que, finalmente, en febrero de 2010 el Senado holandés aprobó la prohibición de cometer actos indecentes con los animales así como distribuir, exhibir, fabricar, importar, exportar o transmitir en cualquier soporte actos lascivos en los que estén involucrados seres humanos y animales, con un ajustado margen de 39 votos a favor frente a 34 en contra.

La ejecución de las penas corporales correspondía a los andadores de concejo que dependían de los alcaldes y jueces a los que debían obediencia.

En nuestra Edad Media, en los delitos en los que no se consideraba justificada la pérdida de la paz, ni siquiera parcial, por constituir una sanción de excesiva trascendencia, se recurría a la aplicación de penas pecuniarias o corporales. Éstas podían imponerse como subsidiarias de las económicas o en su lugar. A veces, aun apareciendo como pena principal, era posible que se sustituyesen por una cantidad económica, siempre que lo admitiese el ofendido y la ley le permitiese elegir. De ahí la íntima conexión existente entre las penas pecuniarias y las corporales. Se aplicaban estas últimas normalmente (al margen del hurto) para lesiones y heridas (que se sancionaban, como regla general, con penas económicas) cuando revestían una especial gravedad. Ésta se establecía atendiendo al elemento objetivo y a las circunstancias externas del hecho (por ejemplo, el medio empleado, si había o no sangre y si llegaba al suelo, si el agredido caía o no, si la herida se producía en una parte del cuerpo no cubierta por el vestido, etc.).

A propósito del encarcelamiento preventivo del director del FMI

La atención mediática que se está dando a la detención e ingreso en una cárcel de Nueva York del director del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin haber sido condenado judicialmente, lleva al autor de este cometario a analizar la evidente contradicción que ello supone con el derecho a la presunción de inocencia.

En Las Siete partidas –un código que reunió cerca de tres mil leyes en tiempos de Alfonso X el Sabio para dar unidad legislativa a un reino fraccionado en fueros– encontramos diversas referencias a la llamada pena de picota. En la última partida, se regulaban las siete maneras de pena que iban desde dar a los onbres pena de muerte o de perdimiento de miembros hasta ser açotado o ferido paladinamente por yerro (...) o lo ponen en desonrra en la picota (...) faziéndolo estar al sol, untándolo de miel porque lo coman las moscas. En este caso, se pretendía escarmentar a los furtadores y robadores publicamente con feridas de açotes o de otra guisa de manera que sufran pena y verguença.