¿Siempre que hay absolución debe de haber indemnización?

“Lo esencial es  invisible a los ojos”

I. PLANTEAMIENTO

Tradicionalmente, se han venido manteniendo dos concepciones contrapuestas en relación con el fin de las penas. Para una de ellas, la finalidad de la pena es la expiación o retribución, es decir, el castigo que ha de imponerse necesariamente a la persona que haya cometido un delito como consecuencia del mal causado.  Para la otra concepción, el fin de la pena radica en la prevención del delito, esto es, en disuadir, en hacer desistir al autor de la perpetración de futuros delitos, resultado que puede lograrse por diferentes vías: una la de la prevención general y otra la de la prevención especial.

El verano: calor, vacaciones, helados, playa o montaña... y chapuzones en la piscina. Son algunas de las cosas que asociamos a la época estival desde la más tierna infancia y de las que procuramos seguir disfrutando en la edad adulta siempre que nos es posible.

La política criminal española de las últimas dos décadas se ha caracterizado por un incremento continuo de las penas y por la criminalización de nuevas conductas. Es decir, por el populismo punitivo, ese tipo de política criminal en el que los gobernantes reforman el Código Penal cada poco tiempo para obtener beneficios electorales. Además de un error de cálculo, porque los ciudadanos españoles en realidad no apoyan mayoritariamente estas política de mano dura, esta forma de legislar en materia penal está produciendo un continuo incremento de la población penitenciaria en nuestro país. España es uno de los países con una menor tasa de criminalidad de Europa y es de los que tiene en prisión a un mayor porcentaje de la población. Pero el populismo punitivo no es un invento nuestro, sino una tendencia que se ha extendido de Estados Unidos a Europa y América Latina desde los años ochenta.

Tras haber vivido la experiencia del encarcelamiento en su propia piel, el noble inglés John Howard dedicó su vida a abogar por la reforma de las prisiones y la mejora de las condiciones de vida de los presos. Su obra “El Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales”, publicado en 1777, constituye una obra clásica y el inicio de una corriente de humanitarismo penal que llega hasta nuestros días. La asociación benéfica inglesa “Howard League for Penal Reform” fue creada en el siglo XIX para continuar el legado de John Howard y continúa siendo hoy en día la más importante organización dedicada a la reforma del sistema penal. Sus tres objetivos principales son lograr “menos crimen, comunidades más seguras y menos gente en prisión”. Para ellos estos objetivos están relacionados ya que “se gasta demasiado dinero  en un sistema penal que no funciona, no hace que nuestras comunidades sean más seguras y no logra reducir la reincidencia.” Reducir el número de personas en prisión es, por tanto, una manera de luchar contra el crimen. Esta organización considera que las personas que han cometido delitos deben arreglar el mal causado y deben cambiar sus vidas, pero creen que la forma de lograr esto no es la prisión sino otras medidas que no segreguen al infractor de la comunidad.

Hoy en día, cuando hablamos de los establecimientos penitenciarios –como le gusta denominar a las cárceles al legislador español– los Arts. 1 y 8 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria se refieren a los centros destinados a la retención y custodia de detenidos, presos y penados como una institución penitenciaria cuyo fin primordial es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad. A primera vista, podría parecer que este modelo penitenciario es el que ha existido desde siempre, pero no es así; de hecho, encarcelar a los reclusos en una prisión para privarles de su libertad durante un determinado periodo de tiempo, como consecuencia de haber cometido una conducta tipificada penalmente como delito, fue un criterio de política criminal que se implantó durante el siglo XVIII y, por lo tanto, podríamos decir que se trata de una institución relativamente moderna.

En el último tiempo diversas columnas de opinión y varios artículos han poblado nuestros periódicos y redes sociales, vertiendo un gran número de argumentos respecto del voto de los encarcelados.  Muchos de ellos atiborrados de razonamientos que dan con justicia en el blanco del problema; dotar de más o menos contenido, al reconocimiento que el Estado hace del privado de libertad como sujeto de derechos (al menos como declaración de principios). La discusión se generó por el contenido de la Resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 23 de agosto de 2013, en que se ordena a la administración, generar las condiciones materiales para que ciertos reclusos ejerciten su derecho a sufragio en las próximas elecciones[1].

Este trabajo es fruto del viaje que un grupo de personas realizamos el pasado mes de marzo a El Salvador promovido por la Fundación por la Justicia; organización (sin ánimo de lucro) que se afana en favor de los Derechos Humanos y la Justicia a través de proyectos de formación, sensibilización y cooperación al desarrollo, fomentando valores de Paz y Solidaridad tanto en España como en los países más desfavorecidos de África, Asia y Latinoamérica.