Sólo el hecho de plantearse la hipotética privatización de los establecimientos penitenciarios suele generar corrientes de opinión muy dispares, tanto a favor como en contra. 

La humanidad lleva el conflicto en su ADN. Muchas de las páginas de su historia están repletas de capítulos referentes al conflicto entre grupos poblacionales que se disputan la hegemonía sobre un territorio. Veamos unos cuantos ejemplos:

  • Los vikingos asentados en Groenlandia o en Vinland se enfrentaron a los skraelings, la población thule a la que hoy en día conocemos como esquimales.

  • Los aborígenes Australianos se enfrentaron a los colonos blancos, muchos de ellos pertenecientes a las colonias presidiarias británicas.

El Art. 18.2 de la Constitución Española de 1978 establece que El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito; es decir, que nuestra Carta Magna admite la entrada o el registro de un domicilio en tres situaciones: cuando lo consienta su propio titular, mediante resolución judicial o en caso de flagrante delito. Para el Tribunal Constitucional español, el contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio es fundamentalmente negativo: lo que se garantiza, ante todo, es la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro(STC 189/2004, de 2 de noviembre).

A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Juez Garzón

 

I.- INTRODUCCIÓN.

 

El propio Tribunal Constitucional (TC) ha declarado, en diversas ocasiones, que la situación de sujeción especial de un interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales, lo que obliga a que el marco normativo que regula, entre otros, el derecho al secreto de las comunicaciones en el interior de los centros penitenciarios, venga determinado, no sólo por lo dispuesto en el artículo 18.3 CE, sino también y primordialmente por el artículo 25.2 CE, que establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo II -entre los cuales se encuentran el derecho al secreto de las comunicaciones- a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En definitiva, que los internos en un Centro Penitenciario siguen siendo titulares del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), si bien la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento determinan los límites de su ejercicio en atención a las peculiaridades de la relación penitenciaria.

A propósito del encarcelamiento preventivo del director del FMI

La atención mediática que se está dando a la detención e ingreso en una cárcel de Nueva York del director del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin haber sido condenado judicialmente, lleva al autor de este cometario a analizar la evidente contradicción que ello supone con el derecho a la presunción de inocencia.