El escándalo de PRISM es solo la gota que ha colmado el vaso.

Obama dijo que no era posible contar con un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. Pero lo que está en la mesa sigue sin garantizar la seguridad, y deja la privacidad en un 0%. Debates políticos supuestamente discutidos sobre la importancia del secreto de las comunicaciones se han saltado a la ligera. Internet ha sido un azote para los gobernantes que siempre han querido apropiarse de ella (y  lo han hecho) conscientes de que era algo que escapaba a su control. Se ha conseguido magnificar a tales niveles la importancia de la seguridad nacional y la obsesión por el control que se han generado gobiernos de neuróticos capaces de saltarse cualquier normativa legal apelando a quién sabe qué amenaza. Estados Unidos es el caso más paradigmático, capaz de espiar hasta a su propia sombra con tal de guardarse ante cualquier ataque.

A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Juez Garzón

 

I.- INTRODUCCIÓN.

 

El propio Tribunal Constitucional (TC) ha declarado, en diversas ocasiones, que la situación de sujeción especial de un interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales, lo que obliga a que el marco normativo que regula, entre otros, el derecho al secreto de las comunicaciones en el interior de los centros penitenciarios, venga determinado, no sólo por lo dispuesto en el artículo 18.3 CE, sino también y primordialmente por el artículo 25.2 CE, que establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo II -entre los cuales se encuentran el derecho al secreto de las comunicaciones- a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En definitiva, que los internos en un Centro Penitenciario siguen siendo titulares del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), si bien la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento determinan los límites de su ejercicio en atención a las peculiaridades de la relación penitenciaria.