Francisco Javier Nistal

Francisco Javier Nistal

Jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias

Jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias

Jurista del cuerpo de instituciones penitenciarias

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I.-Introducción


Este año se cumple el bicentenario de la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812). El año 2012, va a estar plagado, sin duda, de actos conmemorativos de esta efeméride que originó la España moderna, como Nación soberana y Estado liberal. Mi modesta aportación a este evento pretende estar basada en el estudio  de la aportación que este importantísimo Texto legal dio al penitenciarismo español y la evolución histórica del mismo desde esa primera Constitución española a la actual de 1978.

No es preciso decir que teniendo en cuenta la limitada extensión de este artículo, estoy muy lejos de pretender un análisis pormenorizado de  dicha evolución durante estos doscientos años de historia. No obstante, y dentro de esta obligada brevedad trataré de hacer una sinopsis que nos permita conocer esta evolución y sobre todo “nos permita aprender del pasado para construir el futuro”.

A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Juez Garzón

 

I.- INTRODUCCIÓN.

 

El propio Tribunal Constitucional (TC) ha declarado, en diversas ocasiones, que la situación de sujeción especial de un interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales, lo que obliga a que el marco normativo que regula, entre otros, el derecho al secreto de las comunicaciones en el interior de los centros penitenciarios, venga determinado, no sólo por lo dispuesto en el artículo 18.3 CE, sino también y primordialmente por el artículo 25.2 CE, que establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo II -entre los cuales se encuentran el derecho al secreto de las comunicaciones- a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En definitiva, que los internos en un Centro Penitenciario siguen siendo titulares del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), si bien la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento determinan los límites de su ejercicio en atención a las peculiaridades de la relación penitenciaria.

“El control electrónico de la ejecución penal”
 

Resumen: La tecnología y sus avances cada día se están haciendo más presente en todos los aspectos de la vida humana, con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y facilitarnos nuestra actividad diaria. Este avance tecnológico, como no podía ser de otra manera, también se pone de manifiesto en el sistema penal.

Base legal en la que se fundamenta

Que  en la práctica, según los  postulados normativos de nuestro ordenamiento jurídico, puede ser lo mismo ser condenado a una pena que a varias, porque los efectos en cuanto al resultado del cumplimiento efectivo de condena es el mismo, es lo que se trata de explicar en este artículo, para poder comprender por qué razón alguien que está condenado a cientos o incluso miles de años puede acabar cumpliendo efectivamente en prisión, solamente, una veintena o poco más.

“Una forma peculiar de camuflar como bromas lo que son verdaderos delitos”

Estamos en el mes de octubre y con él da comienzo un nuevo curso universitario, que viene acompañado, inexorablemente, de las habituales novatadas. Rituales por los que tienen que pasar los recién llegados al campus universitario. Este año el “acontecimiento” llega acompañado de cierta polémica por la constitución de asociación de padres para erradicar estas prácticas, que pide expresamente la posibilidad de contemplar estos rituales como delitos.

La Justicia Penal Internacional

El principio de justicia universal se fundamenta en la idea de que ciertos delitos puedan ser sancionados por cualquier Estado, porque los infractores son enemigos de toda la humanidad y todas las Naciones tienen el mismo interés en su captura y castigo. Esta colaboración en materia penal es ya hoy una realidad palpable, que avanza, cada vez con más fuerza, hacia el objetivo de estrechar,  aún más, los lazos de colaboración entre los Estados con la finalidad de poder llegar, algún día, a un modelo de justicia penal internacional. Un hito importante en el logro de este objetivo lo constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de fecha 17 de julio de 1998.

Las consecuencias de la dejación del principio de legalidad en el Estado de Derecho

El  entusiasmo y la simpatía manifestada hacia el Movimiento pacifista, denominado “15-M” le ha convertido en el Movimiento violento y delictivo del “15-J”. Este movimiento calificado como el de los “indignados” ha pasado de ocupar de forma ilegal plazas públicas a impedir el normal funcionamiento de un Parlamento Autonómico incurriendo en el diversos delitos tipificados en nuestro Código Penal. 

La historia de un delito sin autor conocido

 

La decisión del pleno de la sala de lo penal de la Audiencia nacional de considerar que en el denominado “caso faisán” sí que se ha cometido un delito y, en concreto, el de colaboración con organización terrorista, pero al mismo tiempo de revocar el procesamiento a los presuntos autores del mismo, ha sido una decisión salomónica pues, de momento, ha contentado a todos.

Las condiciones de la vida en prisión como línea argumental en la Gran Pantalla


Pocas situaciones de la realidad social se han escapado a la mirada del Cine, tampoco lo ha hecho la cárcel, con  todos y cada uno de los tópicos que la rodean. Películas sobre la temática carcelaria hay muchas y muy buenas, dado que la mayoría suelen tener como cualidad innegable la credibilidad de los hechos que narran.

La pena que se impone a quien ha cometido un delito tiene una finalidad concreta para el autor del mismo -su reinserción social-  que si se consigue es de enorme utilidad, tanto para él, como para la sociedad en general, pero qué utilidad tendría esa pena para la víctima que sufre los daños y perjuicios concretos del delito. Esta pregunta le lleva al autor de este artículo a analizar la forma en la que debería estar presente la víctima en el cumplimiento de la pena.

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