Las enumera el Art. 130 del Código Penal español. Junto al polémico indulto –esa medida de gracia que se concede discrecionalmente y de la que ya tuvimos ocasión de hablar en otro in albis para distinguirlo de la amnistía– existen otros seis motivos: los dos primeros (la muerte del reo y el cumplimiento de la condena) son evidentes pero nuestro legislador también prevé otros cuatro supuestos: la remisión definitiva de la pena (es decir, conforme al Art. 85.2 CP, el juez puede acordar su fin si ha transcurrido el plazo de suspensión que se había fijado para ejecutar las penas privativas de libertad, el sujeto no ha vuelto a delinquir y ha cumplido, en su caso, las reglas de conducta que estableció el tribunal); el perdón del ofendido (sólo es válido en aquellos supuestos que estén previstos por la Ley; por ejemplo, en el descubrimiento y revelación de secretos del Art. 201.3 CP; en los casos de calumnia o injuria, del Art. 215.3 CP; o en los daños causados por imprudencia grave, regulados en el Art. 267 in fine); y, por último, la responsabilidad también se extingue por la prescripción, tanto del delito como de las penas o de las medidas de seguridad.

El sistema social pone las normas para que las personas que lo habitamos no traspasemos la barrera entre el bien y el mal. Sabemos que el delito más grave es el que se salda con la muerte de otra persona. No hay nada más atroz que quitar la vida a otro y por eso se castiga con prisión de diez a quince años, que pueden llegar a veinticinco si es asesinato. Pero cuando media imprudencia, la pena es tan ridícula como de uno a cuatro años.

Estas penas se aplican a mayores de 18 años, conforme a lo que establece el Código Penal. Pero cuando el delincuente es menor de esa edad se le aplica la Ley de Responsabilidad Penal de Menores, siempre que tengan más de 14 años claro. El máximo ‘castigo’ que va a recibir el chaval es que sea internado en un centro de menores.

Llevo varios días reflexionando acerca de la muerte-asesinato de Bin Laden y la verdad es que las conclusiones a las que llego me asustan tremendamente. En mi mente se agolpan imagenes de peliculas de romanos en las que el pueblo y gobernantes vociferan mientras los leones se comen algún "cristiano".

¿Qué nos está pasando?

Sin lugar a dudas, una de las más importantes reformas introducidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, es la introducción del art. 31 bis que viene a implantar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha incorporación viene a asimilar nuestra legislación penal en este ámbito con los países de nuestro entorno. La doctrina científica venía reclamando desde hace ya varios años que las personas jurídicas fuesen responsables penales habida cuenta, de una parte, de las nuevas formas de criminalidad organizada y, de otra, de la necesidad de eficaz protrección de determinados bienes jurídicos denominados "colectivos" o "difusos" (v.g. medio ambiente, seguridad en el trabajo, salud pública, orden socioeconómico, etc.).