¿Quién se beneficia de esta situación?

No a todos los Estados les beneficia por igual las revueltas, lógicamente a aquellos países que ya poseían negocios o aliados políticos en el país les perjudica. Entre estas naciones, las mayores perjudicadas son Italia que posee numerosos acuerdos con Libia, y China que en los últimos años ha apostado fuertemente por el continente africano. Actualmente China tiene 75 compañías con operaciones en Libia y en total unos 20.0000 millones de dólares invertidos.

Hasta ayer jueves, los ciudadanos mexicanos que se acercaran a la capital han podido canjear sus armas por comida y dinero. La Secretaria de Seguridad Publica del Distrito Federal de México (SSP-DF) en coordinación con la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) han llevado a cabo la tercera edición del programa de seguridad “Campaña vida sin armas, canje por dinero 2011”, dirigida a la favorecer la prevención del delito y la inseguridad ciudadana del país.

En los anteriores años el balance fue excepcional, se recogieron 3.880 armas a cambio de 11,2 millones de pesos (cerca de 1 millón de dólares). Napoleón fillat es el director de Prevención del delito de la SSP-DF y nos cuenta como en esta edición se espera recaudar otras dos mil armas con el presupuesto de 6 millones de pesos (medio millón de dólares). El incentivo que se obtiene a cambio del arma es una cesta de comida y dinero en efectivo, proporcionando la cantidad entre 200 pesos (17 dólares) y 7.500 (640 dólares).

Es evidente que todos los países del mundo encierran en su interior corrupción y delincuencia. Los estados totalitarios no lo reconocen, mientras que los democráticos lo asumen e intentan reducirlo hasta niveles razonables; sin embargo las cotas en México han dejado de ser tolerables.

La respuesta del Tribunal Supremo ha sido muy explícita. La sentencia 992/20101, de 8 de enero, afirma que El Estado de Derecho nunca debe abdicar, obviamente, de sus más elementales esencias, como lo es sin duda el respeto a la dignidad del ser humano, en aras de un relativismo cultural que aloje el fundamento de la decisión penal en las creencias, opiniones o costumbres de un determinado grupo, con el grave riesgo que ello por añadidura supondría para la adecuada protección de las víctimas, como titulares últimos de tales valores básicos. Esta sentencia puso fin a un proceso que se inició cuando se produjeron los hechos, en junio de 2007.