El 9 de junio de 2011, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional condenó al marroquí Wissam Lotfi como autor criminalmente responsable de un delito de colaboración con organización o grupo terrorista, a la pena de cinco años de reclusión. La sentencia de este órgano consideró probado que el condenado –afín por sus ideas radicales a la ideología Salafista-Jihadista patrocinada por diferentes grupos terroristas (…) que se mueven dentro de la órbita marcada por Al-Qaeda, cuyo objetivo es el establecimiento de un estado islámico universal bajo el amparo de la Sharia– se venía reuniendo, desde el año 2000, con otros individuos de similar ideología, todos ellos musulmanes en una carnicería de Burgos regentada por su amigo Buchaib Maghder, que fue detenido en Marruecos, el 30 de diciembre de 2002, por su participación en los atentados terroristas de Casablanca, de mayo de aquel año.

A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Juez Garzón

 

I.- INTRODUCCIÓN.

 

El propio Tribunal Constitucional (TC) ha declarado, en diversas ocasiones, que la situación de sujeción especial de un interno en un establecimiento penitenciario no puede implicar la eliminación de sus derechos fundamentales, lo que obliga a que el marco normativo que regula, entre otros, el derecho al secreto de las comunicaciones en el interior de los centros penitenciarios, venga determinado, no sólo por lo dispuesto en el artículo 18.3 CE, sino también y primordialmente por el artículo 25.2 CE, que establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo II -entre los cuales se encuentran el derecho al secreto de las comunicaciones- a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En definitiva, que los internos en un Centro Penitenciario siguen siendo titulares del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), si bien la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento determinan los límites de su ejercicio en atención a las peculiaridades de la relación penitenciaria.

El lunes pasado en la llamada “conferencia de paz” vimos paseando, por San Sebastian, como si actores de Hollywood se tratara, a unos cuantos actores extranjeros (y eso que el festival de cine de esta ciudad hace semanas que acabó).

De ese día se han podido leer noticias como la siguiente de la que he hecho un resumen: “Se refieren al terrorismo de ETA como “conflicto vasco”. Partiendo de este punto los representantes que se reunieron el lunes en la conferencia de Paz de San Sebastian, reclamaron por un lado el fin de la actividad violenta y por otro que el Gobierno español y el francés accedan a una negociación sobre el desarme de la banda y el futuro de los presos. La declaración de los reunidos habla de “reconocer, compensar y asistir a las víctimas”. Los mediadores engloban en víctimas a los heridos y muertos en los atentados junto con los terroristas detenidos y fallecidos…”

Lo primero que me pregunto es ¿por qué nadie les ha dado a estos señores un diccionario de conceptos o una enciclopedia, porque aunque estamos en la época de las tecnologías modernas, está claro que estas personas deberían haber usado un diccionario como los que utilizábamos en el colegio los que tenemos más de treinta años. ¿Por qué? Porque desgraciadamente han confundido “churras” con “merinas”.

 Lo peor que puede ocurrir en un asunto tan serio y sensible para los españoles como el terrorismo es que nos tomen el pelo. A estas alturas de la película, creo que a nadie le cabe ya la menor duda de que el Gobierno está negociando con la banda terrorista ETA las condiciones para para su disolución. A fecha de hoy, se espera de manera inminente un comunicado de la banda criminal anunciando públicamente el cese definitivo de su actividad terrorista.

 

En este artículo se exponen algunas de las teorías que intentan explicar las complejas causas que llevan a una persona a ingresar en una banda terrorista, así como los motivos que hacen que la abandone, en función de su perfil y atendiendo a cuestiones como su edad, sexo, etc.

Mantenemos reservas sobre estos temas”, se ha limitado a decir a EFE fuentes de prisiones, que no han querido confirmar ni desmentir la existencia de este programa, en el que estarían participando presos etarras, que ya se habrían desvinculado de la banda terrorista…!- ABC

“Instituciones penitenciarias prefieren no comentar la puesta en marcha de un programa de mediación penal para presos de ETA que se estaría llevando en la cárcel de Nanclares de Oca, para conseguir que los etarras estén dispuestos a pedir perdón a las víctimas si éstas lo aceptan...”

Estos son dos extractos de las múltiples noticias que han surgido estos días acerca de la existencia de un programa de mediación penal con presos de ETA. Como persona que trabaja habitualmente con procesos restaurativos como la mediación en materia penal y como presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, me veo en la obligación de valorar esta noticia y matizarla. Realmente llama la atención el secretismo absoluto en un tema tan especial y delicado, cuando debiera ser todo lo contrario. No niego que pueda ser posible procesos restaurativos en delitos serios como terrorismo, al contrario, en diversos lugares del mundo, ya se ponen en práctica procesos restaurativos con delitos muy graves, sin embargo para no frustrar los fines de estos procesos  y no dañar a las víctimas más de lo que se las puede ayudar, se hace necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones porque no queremos que algo tan beneficioso para las víctimas y la comunidad fracase y con ello se ponga en peligro el trabajo de todos los que trabajamos habitualmente en la Justicia Restaurativa.

Para los miembros de inteligencia y de los cuerpos de seguridad del Estado, los conocimientos sobre un rearme de ETA venían de hace tiempo; para el resto de la sociedad la alarma saltó el pasado día 19 de junio, cuando Iñaki Domínguez fue detenido en la frontera italo-francesa portando materiales que había comprado susceptibles para la construcción de bombas. Anoche fue detenido en Dordoña, al suroeste de Francia, Oier Ardanaz, que intentó robar un coche pero fue sorprendido por sus propietarios, ante lo cual cogió el coche y huyó, pero en la fuga colisionó el vehículo y tuvo que ser asistido y hospitalizado. Los propietarios le retuvieron hasta la llegada de la policía, la cual constató que iba armado, que estaba acompañado por otro compañero que logró huir y que el autor pertenece a la banda terrorista.

¿Se libra una guerra contra el terrorismo? En mi opinión, no. No es una guerra contra el terrorismo sino contra un modo de civilización, el fundamentalismo islámico,  incompatible con el modo de vida occidental tal y como está conceptuado. En efecto, se trata de una guerra, pero no en el sentido convencional del término, en el que dos ejércitos se enfrentan uno a otro y en el que, teóricamente, debería salir vencedor el que tomara mejores decisiones en función de sus medios humanos y materiales y los del oponente. En esta guerra, el terrorismo es el tipo de combate elegido por uno de los bandos, un modo de combatir en el que no luchan soldados contra soldados a una mayor o menor distancia entre ellos en función de la tecnología aplicada, sino terroristas, que no emplean uniformes que les identifiquen como tales, contra población en general (en la que se incluyen soldados del bando contrario, claro está, pero también civiles), con la finalidad de generar tal estado de terror en la población del bando objetivo que sus dirigentes evalúen como inaceptables las pérdidas producidas y se dobleguen frente al bando contrario. El terrorismo ha cambiado de modo drástico el modo de guerrear del ser humano, modo en el que la incertidumbre y el terror se han convertido en armas mucho más poderosas que el más sofisticado armamento tecnológico. 

Es por ello que la expresión guerra contra el terrorismo es inexacta y puede llevar a confusión.

¿Existe una definición legal de terrorismo?
No hay duda de que, a partir de 2001, los ataques terroristas del 11-S marcaron un punto de inflexión en la lucha internacional contra el terrorismo. En el ámbito europeo, la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, definió –por primera vez– el delito de terrorismo (Art. 1.1) como los actos intencionados tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.
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