La Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal [en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves] para introducir en nuestro ordenamiento jurídico la figura del agente encubierto (Art. 282 bis LECr) en el marco de las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada; entendiendo que ésta se refiere a la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: a) Secuestro de personas (Arts. 164 a 166 del Código Penal); b) Prostitución (Arts. 187 a 189 CP); c) Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (Arts. 237, 243, 244, 248 y 301 CP); Delitos contra los derechos de los trabajadores (Arts. 312 y 313 CP); Tráfico de especies de flora o fauna amenazada (Arts. 332 y 334 CP); Tráfico de material nuclear y radiactivo (Art. 345 CP); Delitos contra la salud pública (Arts. 368 a 373 CP); Falsificación de moneda (Art. 386 CP); Tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (Arts. 566 a 568 CP); Terrorismo (Arts. 571 a 578 CP) y Delitos contra el Patrimonio Histórico (Art. 2.1.e de la ley de represión del contrabando).

La habilitación legal de lo que popularmente se conoce como topo posibilitó el otorgamiento y la utilización de una identidad supuesta a funcionarios de la Policía Judicial, que puede mantenerse en el eventual proceso judicial posterior; permitiéndoles utilizar, bajo estricto control judicial y fiscal, medios complementarios de investigación.

Según el Art. 282 LECr, la Policía judicial tiene por objeto (…) averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial. Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Para lograr esos fines, desde 1999, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal [dando cuenta inmediata al juez] pueden autorizar a funcionarios de la Policía Judicial [ninguno puede ser obligado a actuar como agente encubierto], mediante resolución fundada [obviamente, de carácter reservado, en la que se debe consignar tanto el nombre verdadero del agente como su identidad supuesta] y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir su incautación. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por un plazo de 6 meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.

La información que el agente encubierto vaya obteniendo deberá ser puesta en conocimiento de quien autorizó la investigación a la mayor brevedad posible; asimismo, el agente encubierto está exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con su finalidad y no constituyan una provocación al delito. 

No hace mucho, durante el desfile de carrozas de las Fiestas Patronales de Molina de Segura, una frágil niña de 8 años era atropellada por una carroza, y digo carroza para que usted lo entienda porque menos carroza es de todo. Son verdaderos camiones pesados, lobos disfrazados de cordero, que circulan a baja velocidad por las coloridas calles de la ciudad. A bordo de estas carrozas parece que se pierde el respeto, la educación y el límite en la ingesta de alcohol. La excusa es la misma siempre “estamos en fiestas”, como si ese fuese el motivo que evita que mueras por intoxicación etílica o por accidente de tráfico. ‘Nunca pasa nada’ o eso cree la gente, porque sí que pasa.

Durante el Gobierno del general Primo de Rivera, un breve Real Decreto de 17 de septiembre de 1923 instituyó el somatén en todas las provincias españolas  y en las ciudades de soberanía del norte de Marruecos. A esta organización cívica (…) cuyo fin primordial es el mantenimiento de la paz pública se podían alistar todos los individuos mayores de veintitrés años que tengan reconocida moralidad y ejerzan profesión u oficio en la localidad en que residen. Según el Directorio Militar que gobernaba por aquel entonces España, la implantación de los somatenes en todo el país respondió a dos razones: una de carácter práctico (por garantizar el sosiego público) y otra de índole moral (por estimular el interés ciudadano hacia una orientación activa y desinteresada).

Pero, ¿cuál era el origen de esta institución? El propio Real Decreto señaló en su “exposición de motivos” que se trataba de un organismo de rancio y glorioso abolengo español –el Instituto de Somatenes de Cataluña que reunía, desde la Baja Edad Media (en torno al siglo XI), a hombres de buena voluntad, amantes del orden y celosos de sus deberes ciudadanos– y nos aclara su etimología (sic): procede del catalán som atent (estamos atentos), en relación al repique de campanas con el que se convocaba a los vecinos, avisando de un peligro; en ese momento, los ciudadanos se prestaban desinteresadamente a formar unidades locales –dependientes de las fuerzas de orden publico– para colaborar en auxilio de la paz ciudadana y la custodia de las propiedades en el ámbito rural.

En diversos ejemplares de la Gaceta de Madrid, como la del 14 de septiembre de 1844, se daba cuenta de noticias como la que procedía de Cervera (Lérida): los ladrones que se llevaron al Sr. Capella no están lejos de esta ciudad, por lo que el ayuntamiento ha mandado tocar á somatén.Igual que ese titular, el antecedente histórico del BOE publicó numerosos ejemplos durante toda la segunda mitad de aquel siglo, en los que se tocaba a somatén en Barcelona, Vich, Sabadell, Blanes, Gerona o Manresa, convocando a sus vecinos.

Según el diccionario de la RAE, los somatenistas eran un cuerpo de gente armada, que no pertenece al Ejército, que se reúne a toque de campana para perseguir a los criminales o defenderse del enemigo. Por los acontecimientos históricos de nuestros siglos XIX y XX –I República, Restauración, II República, Guerra Civil y Franquismo– esta institución fue disuelta y reestablecida en diversas ocasiones hasta su definitiva desaparición, mediante el Real Decreto 2333/1978, de 25 de agosto, que derogó la normativa vigente en aquel momento (dos decretos sobre los somatenes armados de 1936 y 1945) estableciendo que, en el plazo de un mes, los somatenistas debían entregar sus armas a la Dirección General de la Guardia Civil.

RESUMEN: El Autor, desde una óptica jurídica e histórica trata de analizar si los reiterados intentos en  España de crear las que se dieron en llamar “Policías de Barrio” o ,en ocasiones, de Proximidad, fueron algo nuevo  o por el contrario, significaron una ignorancia de nuestra historia policial, intentado copias que, como toda copia, nunca podrán alcanzar  la calidad del original.-

Su condición de Policial Judicial y la utilización política de las mismas

El autor, ante la incongruencia que significa el coste de las Policial Locales y su ,cada vez, mas manifiesta infrautilización, efectuá un análisis jurídico de las posibilidades que la Ley abre a la utilización de estos Cuerpos dentro del Organigrama Policial Español.-

La utilización de la Policía para intereses políticos
 

Ante las muchas y disparatadas opiniones que venimos oyendo y leyendo sobre las ocasiones en que debe intervenir la Policía en relación con órdenes  emanadas o no  del Poder Ejecutivo. El autor de este artículo pretende introducir algunas aclaraciones jurídicas sobre el papel que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad deben asumir en la evitación del delito.

La Garduña –que debe su nombre al pequeño mamífero que la RAE define como un animal nocturno y muy perjudicial, porque destruye las crías de muchos animales útiles– es uno de esos mitos españoles que se diluyen entre la fantasía y la realidad. Sin que existan pruebas concluyentes de su existencia real, se cree que fue una organización criminal secreta que surgió en Toledo a mediados del siglo XV; posteriormente, se desarrolló en Sevilla a la sombra del comercio que surgió con el descubrimiento de América (donde también se instaló) e incluso se dice que pudo ser el origen de la Camorra napolitana (que, por aquel entonces, era un reino que dependía de la Corona española). Miguel de Cervantes reflejó la esencia de esta suerte de precedente mafioso en el personaje de Monipodio, auténtico capo protagonista de su novela Rinconete y Cortadillo. El fin de la Garduña pudo llegar a comienzos del siglo XIX, cuando un manuscrito con los estatutos de la organización apareció en la escena de un crimen y sacó a la luz al supuesto Gran Maestre de la organización, el sevillano Alfonso Cortina, que murió ajusticiado, junto a sus capataces.

El pasado 21 de marzo, un Macbook (portátil de la compañía Apple, valorado en más de 1.000 euros), fue sustraído del apartamento de un joven norteamericano en Oakland. Tras el robo, informó del crimen a la policía diciéndoles donde se encontraba el ladrón, pero le dijeron que no podían ayudar por falta de recursos. Pero mientras tanto, lejos de quedarse parado, continuó él mismo con su investigación.

Imagine que su hija de 4 años de edad desaparece sin dejar rastro. Usted cuenta su historia a la policía, que convoca una rueda de prensa pidiendo pistas del público. Dos días más tarde, usted es arrestado como el principal sospechoso en la desaparición de su hija. Al ser interrogado por la policía, indican que se convirtió en el principal sospechoso después de los mensajes de Facebook y Twitter que fueron recogidos por los medios de comunicación locales.

Algunas fuerzas de seguridad tienen la capacidad de conducir las investigaciones de abuso sexual infantil de una manera proactiva. Planificar y promover una amplia red de información sobre pedofilia, donde las fuerzas del orden convierten al pedófilo en un confidente no se hace de la misma forma que con un narcotraficante. El concepto de la utilización de confidentes de todo tipo de criminales es fácilmente manejado por los organismos de aplicación de la ley. Las fuerzas de seguridad no convertirán a un asesino en un confidente, y tampoco lo harán con un pedófilo. Sin embargo, con el fin de identificar y detener a otros pedófilos se debe ser creativo e innovador.